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Según el informe presentado por la Contraloría General de la República, un grupo de condominios se apoderaron de manera ilegal de las playas del sector de Pozos Colorados, sin que las autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, Dadma (hoy Dadsa), hayan adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar.

El reporte del órgano de control establece que los condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna aparecen entre los que están incurriendo en esta anomalía, afectando al sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino.

La Contraloría igualmente pone en evidencia a  los constructores responsables del Edificio Sierra Beach Resort, quienes posiblemente estarían produciendo graves perjuicios ambientales por la descarga de sedimentos sólidos al lago.

Finalmente la Contraloría advirtió sobre la calamidad que se ha generado en los vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, aparta hoteles, condominios y restaurantes en el sector.

Debido a las evidencias encontradas por el Ministerio Público, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitará la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

En el comunicado dirigido al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el Contralor expresó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

Igualmente el Contralor manifestó que “estas  ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2), por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el DADMA, como autoridad ambiental y la DIMAR”.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.