Foto: Tomada del video que circula en redes sociales.

Tras la polémica que se generó en Cartagena por la construcción del edificio Aquarela, el cual se desarrolla a menos de 200 metros del Castillo de San Felipe, los propietarios de los apartamentos hicieron un video para pedir respaldo popular y rechazar la suspensión de las obras que ordenó un juez de la ciudad. En el video aparecen varias personas cuestionando al Ministerio de Cultura por presentar acciones legales contra ese proyecto. Aseguran que temen perder el dinero invertido y pidieron a los cartageneros rechazar las disposiciones de las autoridades. "Acudo a ustedes familias cartageneras para que esta constructora tenga la posibilidad de seguir construyendo viviendas dignas, vivienda que dentro de lo popular no estábamos en la capacidad de pagar e hicimos gran esfuerzo en la parte económica para acceder a estas viviendas", dijo Carlos Álvarez, quien aparece como propietario de un apartamento. [video width="640" height="352" mp4="http://www.rcnradio.com/wp-content/uploads/2017/12/WhatsApp-Video-2017-12-13-at-8.36.32-AM.mp4"][/video] De acuerdo a estas personas, la visual del Castillo San Felipe no se ve afectada por cuenta de estos edificios por lo que dicen no entender el por qué se ha generado polémica por este edificio. "Como madre cabeza de hogar hice todo mi esfuerzo para comprar en el proyecto Aquarela, del cual también gracias a las cajas de compensación recibí mi subsidio de vivienda y teniendo en cuenta todos estos inconvenientes de un proyecto que yo investigué y estaba legal, estoy preocupada porque mi subsidio va a perecer", afirmó una copropietaria. En el video se acusa a los medios de comunicación de atacar la construcción de este edificio. Insisten que la obra no pone en riesgo los bienes patrimoniales de la heroica. Asimismo, los protagonistas de este audiovisual presentan la Asociación de Copropietarios de Aquarela, la cual dice representar a las 950 familias que compraron apartamentos en este proyecto. Se debe señalar que según el juez décimo administrativo, estas obras ponen en riesgo los derechos colectivos de los colombianos y no deben continuarse las obras hasta que no haya claridad jurídica sobre las medidas de protección al patrimonio cultural de la humanidad.