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Usuarios y empleados de esta entidad temen que la apatía del gobierno departamental termine en el cierre definitivo de sus instalaciones.

Trabajadores Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar en protesta
Trabajadores Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar en protesta por falta de pago en salarios.
Pepe Moron

Por lo menos 15 meses de salario adeudados, falta de recursos para pagarle a los proveedores y unas instalaciones en muy mal estado, son algunos de los problemas que actualmente afectan al Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (IDREEC).

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En medio de protestas, los empleados de este centro de rehabilitación manifestaron que no se están respetando sus derechos, situación que ha llevado a muchos a "estar desesperados" y atentar contra su vida.

Luisa Morales, jefa de facturación de esta entidad, destacó que nadie les responde su petición y les adeudan meses de salario desde el 2017.

Estamos desesperados, endeudados y no tenemos recursos para trabajar. Es tanto el desespero que algunos compañeros aseguran que quieren suicidarse”, destacó la empleada.

Pero la problemática no termina ahí, ya que las deudas con los proveedores que superan los 2.000 millones de pesos, lo cual tiene en aprietos el funcionamiento de este instituto.

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A propósito de este temor, la profesional de recursos humanos del Instituto de Rehabilitación, Neila Rosa Infante, aseguró que “es evidente que quieren acabar con el funcionamiento y cerrar definitivamente este lugar, pero no saben qué va a pasar con los usuarios”.

En toda esta situación los más perjudicados son los usuarios, personas de bajos recursos que aseguran es la única forma que tienen de acceder a sus terapias o tratamientos.

Marbi Luz Venegas, usuaria del servicio, destacó que su hijo de cinco años y con problemas motrices, ha podido salir adelante por las terapias que recibe en el IDREEC, por esa razón asegura que sería perjudicial para él y su desarrollo que se cierre este lugar.

Hay que destacar que son más de 40 familias de empleados las que se han visto perjudicadas por esta falta de pago.

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Frente a esto, el gobierno departamental ha preferido guardar silencio, aunque en otras oportunidades el gobernador Francisco Ovalle ha dicho que no permitirá que se cierre este instituto.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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