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Piden al procurador general investigar este caso, porque la construcción al parecer viola las normas.

El proyecto de vivienda de interés social “Lagos del Cabrero”, está previsto a realizarse en un exclusivo sector de Cartagena, cerca del centro histórico y que según han advertido los concejales, se construiría en un terreno de uso público, con el aparente visto bueno de las autoridades.

El nuevo proyecto inmobiliario genera gran inquietud, porque temen suceda lo mismo que con “Aquarela”, que se aprobó construir cerca del Castillo San Felipe y hoy se ha convertido en todo un problema para Cartagena, porque según el Ministerio de Cultura, pone en riesgo la declaratoria de patrimonio ante la Unesco.

El concejal, César Pión, pidió al procurador general de la nación, Fernando Carrillo, iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si la construcción del proyecto VIS, va en contra a lo establecido por el plan de ordenamiento territorial y la normatividad vigente. Así mismo le pide a la curaduría certificación de los motivos y requisitos tenidos en cuenta para autorizar la obra, además de los conceptos a secretaría de planeación y control urbano.

“Esta es una supuesta construcción sobre un bien de uso público, por lo que pedimos que se aclare sobre los permisos de movilidad, no conveniencia, permisos ambientales, que la curaduría explique sobre la tradición de lote. Que el departamento de Transito y planeación entreguen detalles. No queremos que se repita lo de Aquarela y que sirva de ejemplo para toda la zona rivereña del caño Juan Angola”, dijo Pión.

El concejal aseguró que es necesario conocer si ese terreno en construcción fue adquirido por la empresa, Edurbe, en qué fecha y si fue vendido publique la copia del acto administrativo por medio de la cual se dio la venta. 

Según la publicidad hecha a través de diferentes medios tecnológicos, los apartamentos tendrían un valor desde los 150 millones de pesos a diferencia de lo que normalmente cuesta una vivienda en este sector, que podría superar hasta los 500 millones de pesos. 

“Valdría la pena hacer una evaluación. Si en verdad esta construcción para personas de escasos recursos, en su condición de proyecto de vivienda de interés social o si por el contrario, no es más que un negocio de inversión disfrazado”, señaló el concejal.

La DIMAR deberá establecer si los predios donde se desarrolla el proyecto inmobiliario son un bien público, para determinar si existe una violación a las normas y el uso indebido de un terreno de la nación.

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