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Antonio Quinto Guerra, alcalde de Cartagena
Antonio Quinto Guerra fue elegido como alcalde de Cartagena el pasado 6 de mayo.
Foto: Twitter @alcaldiactg

Abogados consultados por RCN Radio afirmaron que existen elementos de peso en la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que ordenó la suspensión provisional de la elección del alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela.

Las medidas cautelares decretadas por el Tribunal se dan tras admitir la demanda de nulidad contra la elección del mandatario que presentó la Procuraduría General de la Nación, por considerar que está inhabilitado para ejercer el cargo que ostenta desde el pasado 6 de mayo.

El jurista Wadid Paéz indicó que las razones expuestas por el Ministerio Público son válidas y están ceñidas a lo que establece la Ley, debido a que la inscripción de la candidatura de Quinto Guerra se dio sin que se cumplieran los doce meses exigidos para aspirar a un cargo de elección popular, luego de haber celebrado contratos con el Ministerio de Vivienda.

"Un otrosí contractual de octubre a diciembre, significa una prórroga o continuidad de un contrato, lo que quiere decir que el contrato siguió y los elementos esenciales de subsistencia persistieron hasta el mes de diciembre del año pasado, y es por eso que se da la causal de nulidad", dijo.

Por lo anterior el abogado sostiene que sí puede prosperar la suspensión, ya que “Quinto Guerra efectivamente, está inhabilitado".

Entre tanto, el abogado Alcides Arrieta indicó que de declararse, mediante sentencia, la suspensión del alcalde, éste queda impedido para ejercer el máximo cargo del Distrito de Cartagena. 

"Si el Tribunal declara la nulidad, esto quiere decir que ya al Alcalde no le queda la suspensión provisional o temporal, sino que queda fuera del cargo con una sentencia en firme y es allí donde el Presidente de la República deberá nombrar, dice la Ley, a una persona del mismo partido para que finalice el periodo", apuntó. 

Así mismo señaló que la suspensión definitiva contra Quinto Guerra, acarrearía sanciones tanto para él como para el partido que avaló su candidatura.

"La eventualidad de que se declare la nulidad en sentencia, el partido podría ser sancionado, el candidato podría ser sancionado, e inclusive podría tener implicaciones penales, debido a que la ley señala que quien se inscriba estando inhabilitado comete un delito", indicó.

Y agregó: "A quienes plantean que tratándose de inhabilidades, no procedería por la falta absoluta, un nombramiento por parte del partido que avaló al Alcalde y el Presidente tendría autonomía para nombrar, discrecionalmente, a quien él quisiere, aunque la Ley establece que debe ser del partido, pero esto al fin y al cabo lo decidirá es la justicia". 

Los abogados indicaron que los tiempos no darían para que se realicen unas nuevas elecciones atípicas, debido a que mientras se resuelve el proceso, podrían pasar entre dos y tres meses, por lo que el periodo constitucional restante lo dirigirá quien resulte elegido en la terna o quien designe el Jefe de Estado.

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