Fallo obliga a restablecer derechos patrimoniales a víctimas de la violencia en Bolívar

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar ordenó restablecer los derechos de 47 familias, que hace 20 años fueron obligadas a abandonar sus viviendas y actividades económicas en el municipio de San Jacinto.

Estos hechos generaron el desplazamiento de más de 500 familias, que fueron víctimas del paramilitarismo, el 27 de septiembre de 1999, por miembros del Bloque Héroes de los Montes de María.

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Este fallo ordenó el restablecimiento de los derechos patrimoniales de las familias sobre 28 predios, ubicados en el centro urbano del corregimiento; cada propiedad tiene una extensión que oscila entre los 250 y 900 metros cuadrados.

“Esta es una sentencia de restitución de tierras que reconoce a favor de 47 familias que se vieron obligadas a abandonar su territorio. Específicamente este era un pueblo muy próspero y quedó completamente abandonado, sus calles, colegios, iglesias y las casas se destruyeron con el tiempo”, dijo Mileth Agámez, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar.

Además, la directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar se comprometió a adelantar gestiones ante el Ministerio de Vivienda para lograr priorizar la asignación de subsidios.

“Esta sentencia es un primer paso para que decenas de familias puedan retornar al corregimiento con todas las garantías y a través del acceso prioritario a subsidios de viviendas que puedan reconstruir nuevamente el centro poblado”, añadió.

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Esta sentencia también ordena a la Unidad de Restitución de Tierra invertir recursos para que las víctimas implementen proyectos productivos, y así contribuir al desarrollo económico.

“Este fallo ordena la condonación de las deudas de impuesto predial y de servicios públicos que pudieran estar pendientes por pagar y que se encuentren registrados sobre estos predios, entre la fecha del periodo de violencia y la fecha de sentencia de restitución”, aclaró Agámez.

La Administración municipal también debe exonerar, por dos años, el pago de impuesto predial a los beneficiarios, en este caso, las 47 familias.