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La Fiscalía investiga 66 denuncias en contra del estafador, quien al parecer se quedó con 500 millones de pesos que habría cobrado por excursiones que nunca cumplió.

San Andrés
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Lina Marcela Neira pagó 3 millones 700 mil pesos a John Mario Gutiérrez, representante legal de Latin Travel World, por una excursión para tres personas a San Andrés. El día acordado, viajó a la isla con su esposo e hijo de 16 años. Disfrutaron del mar, el hotel y los tours, pero la pesadilla comenzó cinco días después, cuando debían volver a Medellín.

En el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, la aerolínea les dijo que no tenían tiquetes. John Mario Gutiérrez no contestaba el teléfono ni los mensajes. Lina Marcela recuerda que estaba con su familia en la isla, sin plata, y le cobraban hasta 600 mil pesos por un solo pasaje de regreso.

“Yo mandé a mi papá que estaba en Medellín para que averiguara en la oficina y resulta que el tipo se había perdido. Me puse muy mal porque no tenía dinero. Estábamos allá tirados en el aeropuerto. Conseguimos unos tiquetes para el otro día, por 320 mil pesos cada uno. Nos tocó conseguir una posada porque no teníamos con qué pagar”, señaló.

La Fiscalía investiga 66 denuncias en contra de Gutiérrez Jaramillo, quien se habría quedado con 500 millones de pesos que habría cobrado por excursiones que nunca cumplió. A Lina Marcela Neira todavía no le reciben su caso porque, a diferencia de las otras afectadas, ella sí viajó.

“Nosotros quisimos poner la denuncia en la Fiscalía, pero nos dijeron que eso no era una estafa, porque el tipo nos cumplió con parte de los pactado. No sé si fui la de la peor suerte, porque él no me va a reponer los gastos ni compensar los daños morales”, dijo.

En la familia hay un sin sabor porque aunque sí disfrutaron parte de las vacaciones, quedaron a la deriva en un aeropuerto. Con préstamos de amigos y conocidos, se gastaron un millón 400 mil pesos en los tres tiquetes, la noche en un hospedaje y la alimentación. Sin denuncia, difícilmente recuperarán este dinero.

John Mario Gutiérrez, recluido en una cárcel,  no aceptó los cargos por los delitos de estafa agravada. Si un juez lo declara culpable, podría afrontar una pena de hasta 9 años de cárcel. La Fiscalía rastrea sus bienes para lograr indemnizar a las víctimas, entre ellas, un grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

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