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Varios municipios  en el sur de Córdoba en se encuentran en crisis humanitaria.
Corregimiento Versalles, municipio de San José de Uré.
Foto/archivo

Nuevos compromisos de intervención social fueron concretados para los municipios del sur de Córdoba impactados por la presencia de agentes generadores de violencia que han provocado desplazamientos, amenazas y el asesinato de campesinos.

Los compromisos se establecieron de la mano del Gobierno Nacional, las autoridades territoriales en Córdoba y la verificación de agencias y organismos internacionales.

Lo pactado surgió en desarrollo de una audiencia pública, realizada en el Congreso de la República, donde se hicieron evidentes las denuncias sobre los problemas que padecen los habitantes de municipios como Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano y Tierralta.

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El secretario de gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, dijo que en próximos días se establecerá el cronograma de trabajo en las zonas de influencia armada ilegal. 

Entre tanto, los senadores harán seguimiento de estos problemas y las agencias internacionales, incluyendo la ONU, serán las encargadas de verificar el cumplimiento de los compromisos.

Tuvimos la oportunidad de manifestar en esta audiencia, las situaciones que vienen ocurriendo en el territorio, con presencia representantes del Estado, donde hubo el compromiso de hacer una mayor presencia en los municipios afectados", explicó el funcionario.

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En la audiencia estuvieron presentes, defensores de Derechos Humanos, voceros de la fundación Cordoberxia, representantes de los campesinos que hacen parte del proceso de sustitución de cultivos ilícitos y congresistas del departamento.

Los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré son los que más han sufrido el fenómeno del desplazamiento hacia el perímetro urbano, por cuenta de la presión de las bandas criminales.

         

 

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