Fiscalía presentó escrito de acusación en caso Aquarela

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra el curador urbano N°1  de Cartagena, Ronald Llamas, el representante legal de la promotora Calle 47 SAS, Lucas Tamayo Giraldo, y el arquitecto Claudio Restrepo Gutiérrez.

Estas tres personas están vinculadas al proceso que cursa contra el proyecto inmobiliario Aquarela, cuya primera torre se encuentra a unos 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas.

En el caso del Curador Urbano, el ente de control le imputó los delitos de prevaricato por acción y urbanización ilegal. Mientras que en lo que respecta a Tamayo y Restrepo, fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales.

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Sin embargo, en audiencia celebrada en junio del año pasado, el Juez Noveno de Control de Garantías decidió dejar en libertad a los investigados, al considerar que en el caso de Llamas el funcionario basó su decisión de otorgar la licencia a Aquarela en conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se encuentra vigente, por lo que no hubo "un desconocimiento de la norma, sino un enfrentamiento de interpretaciones".

Por su parte, en lo correspondiente a los representantes de Aquarela, el togado aseguró que no hay cabida a los delitos debido a que desde la constructora se hicieron los trámites exigidos ante el Curador Urbano para la aprobación de licencias respectiva.

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Pese a lo anterior, la Fiscalía sostiene que Llamas otorgó las resoluciones de construcción "aun sabiendo que esto va en contravía a las normas legales", destacando además que el funcionario omitió el visto bueno del Consejo Nacional de Monumentos y pasó este requisito por alto.

"Se le cuestiona el haber concedió el permiso para construir más de cuatro pisos cuando la ley precisa que esto no está permitido, por ser una zona de periferia histórica ambiental protegida, parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad", señaló el ente acusador.

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En lo relacionado a los representantes del proyecto, la Fiscalía basa su escrito de acusación en que "no acudieron al Consejo Nacional de Monumentos, desconocimiento de las normas por causar daño a los recursos naturales, al paisaje (uno de los factores que ha mencionado la Unesco), a la fauna, al suelo y a los recursos del hombre dado a los múltiples efectos generados por la cantidad de apartamentos que se construirían".