El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que el jueves 27 de agosto, solicitará medida de aseguramiento en contra de Luís Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. En caso de que el Juez de Control de Garantías acepte la petición de la Fiscalía, el funcionario dio a conocer cuál sería su proceder: “Sobre esa base, si se llega a producir esta medida restrictiva de la libertad, la Fiscalía solicitará a Estados Unidos la extradición de Luís Alfonso Hoyos y obviamente insistiríamos en que se profiera una circular roja a nivel internacional para que se produzca la captura”, explicó. Cinco fueron los delitos que se le imputaron el día de hoy a Luis Alfonso Hoyos, involucrado en el caso del hacker y quien fue referenciado como el ex asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. “La Fiscalía imputó la utilización de software malicioso, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático, espionaje y concierto para delinquir. Hoy también el juez que lleva el caso declaró la contumacia del señor Luís Alfonso Hoyos, es decir, la justicia colombiana acepta que no existe un fundamento razonable, una justificación para que no haya asistido el día de hoy a la audiencia de imputación de cargos”, manifestó. Por otra parte, el fiscal Montealegre, aseguró que ha constituido un grupo de más de 60 funcionarios para que investiguen todo lo relacionado con las irregularidades presentadas en la contratación de la alimentación escolar. “El objetivo es hacer un análisis de los contratos, verificar la calidad de los contratistas, además queremos hacer una investigación sobre los funcionarios del ICBF que otorgaron y celebraron estos contratos. Queremos establecer si existieron actos de corrupción en el ICBF al momento de la suscripción de los contratos de alimentación escolar. Además, queremos saber por qué razón no se cumplieron con las medidas para hacer una vigilancia especial de la alimentación que se le brinda a los niños del país”, manifestó. Finalmente dijo que por estos hechos realiza una investigación especial en los departamentos de Guajira, Atlántico y Chocó. Afirmó que en La Guajira revisa 87 contratos de suministro de alimentación escolar por valor de 180 mil millones de pesos.