Indígenas en Sincelejo denunciaron a magistrados que habrían desacatado un fallo de la Corte Constitucional

Por una presunta violación a sus derechos, reconocidos por la Corte Constitucional, indígenas denuncian a dos magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre.

La denuncia, instaurada ante la Corte Suprema por miembros del cabildo menor Flores de Chinchejo, argumenta que los magistrados de Sucre Rufo Arturo Carvajal Argoty y Silvia Rosa Escudero, vulneran la consulta previa en obra de doble calzada Sincelejo–Toluviejo.

Aseguran, en el texto, que los magistrados no dieron cabal cumplimiento a la sentencia T 436 de  la Corte Constitucional que en agosto de 2016 ordenó paralizar las obras de la doble calzada en jurisdicción del territorio indígena.

Argumentan que tampoco se cumplió con la visita de inspección a la obra para determinar si se requería ampliar el tramo en que ordenó la parálisis de las obras. Tampoco se habría notificado a las partes de la decisión.

Esta denuncia también fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Desde principios de 2015 los indígenas, asentados en zona rural de Sincelejo iniciaron reclamaciones ante la empresa Autopistas de la Sabana, que construye la segunda calzada entre Sincelejo y Toluviejo.

Reclaman por daños irremediables a su territorio ancestral y daños a una zona que es considerada como reserva forestal de Sincelejo. Solicitaban la desviación de la obra y acciones compensatorias.

Posteriormente alegaron el derecho de las minorías étnicas sobre sus territorios y la necesidad de consulta previa para la intervención.

Inicialmente el Tribunal Administrativo de Sucre tuteló este derecho, pero según las comunidades, de manera parcial, porque solicitaban paralizar las obras.

En la apelación del fallo, de junio de 2015, la Corte Constitucional, reconoció el derecho y adicionalmente ordenó paralizar las obras en la zona indígena afectada (unos 150 metros).

La Comunidad indígena pidió una aclaración de la sentencia en cuanto a la medida del cerro y el 7 de marzo de 2017, mediante un auto la Corte Constitucional ordenó al Tribunal verificar medidas y delimitación del cerro, lo cual no se hizo, sino que pidió un informe sobre el avance de la consulta previa.

Los magistrados tampoco habrían notificado a las partes del fallo sino que ordenador el archivo del proceso.

"Solo estamos pidiendo que se nos reconozcan derechos que han sido reconocido por el máximo tribunal del país. Nosotros no estamos exigiéndoles otras cosas, pero ellos se han encargado de desinformar a todo el mundo y actuar como no deben actuar...", dijo Luis Rafael Martínez, capitán del cabildo Flores de Chinchelejo.

Luis Rafael Martínez, capitán del cabildo Flores de Chinchelejo, había advertido que se afectaría territorio ancestral del cabildo indígena y zona de protección ambiental, pero las obras avanzaron.