La juez tercera de control de garantías de Cartagena ordenó reactivar los desalojos de 16 edificios construidos de manera ilegal por la constructora Quiroz.

De acuerdo a la decisión, la alcaldía deberá asumir los costos de trasteo y el pago de arriendos de las 108 familias afectadas. Estos pagos deberán efectuarse acorde a las condiciones socioeconomicas de cada caso.

El fallo establece que la evacuación debe realizarse en un plazo de un mes, debido al riesgo de colapso que ha advertido la Universidad de Cartagena sobre estas estructuras.

La juez señaló que el distrito no tuvo planeación para evacuar a las familias y lamentó que estos operativos se hayan realizado de manera improvisada. En el fallo se estableció que debe hacerse un peritaje especializado en estas edificaciones.

La decisión ordena al distrito tramitar ante las empresas de servicios públicos la suspensión de cobros por concepto de consumo a estos edificios. Asimismo se estableció que se deben iniciar ante los bancos las respectivas solicitudes para solucionar el pago de créditos de los afectados.

"La juez de control de garantías lo que ha hecho en el día de hoy, como una medida de protección a las víctimas, ha confirmado la orden de desalojo pero debe ser un desalojo que debe ser humanitaria, es decir respetando la dignidad de las personas. Para esto el distrito de asumir los costos de traslado de las personas y garantizarle el pago de un arriendo que respete las condiciones socioeconómicas de las familias", señaló el abogado Javier Doria, defensor de las víctimas.

Estas medidas son tomadas según la juez de manera provisional mientras el Distrito establece un plan de acción que garantice los derecho de las víctimas.

A las audiencias no se presentó el abogado representante de Wilfran Quiroz, el constructor de estas obras ilegales. Esa empresa es responsabilizada además de la tragedia de Blas de Lezo, en la cual murieron 21 obreros tras el desplome de un edificio en construcción que se edificaba de manera ilegal y con materiales de baja calidad.

"No se registró ninguna persona representante de los Quiroz, sin embargo la juez si pido que se agilizaran los procesos tendientes a determinar las posibles responsabilidades de los constructores y funcionarios públicos que hayan incurrido en acciones u omisiones", añadió.

Las víctimas por su parte manifestaron su preocupación por lo que pueda suceder con sus apartamentos.