La UNP revisará con víctimas sus esquemas de seguridad, en Córdoba

El próximo 4 de noviembre, en Montería será la sesión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerren), dependencia adscrita al Ministerio del Interior, para evaluar condiciones de seguridad y esquemas de protección de víctimas y líderes sociales en Córdoba.

 Algunos  líderes sociales, entre ellos,  José David Ortega, quien cuenta con  esquema de seguridad, han hecho  algunos reparos sobre los vehículos, cuando están en mantenimiento, porque no tienen reemplazos, lo que ocasiona traumatismo para los desplazamientos.   

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Este  compromiso lo asumió la subdirección Nacional de la Unidad Nacional de Protección, al indicar que ese comité sesionará, con el fin de escuchar sus inquietudes y dar solución a las mismas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad.

Cabe recordar que el Cerrem es el órgano colegiado articulado por el Ministerio del Interior, en el que se analizan los casos para adoptar medidas de protección a quienes se presume han sido amenazados.

Será un escenario para resolver serias reclamaciones de desprotección que han denunciado líderes sociales en el departamento, amenazas y desplazados por amenazas, donde se incluyen hasta servidores públicos; tal es el caso personero de Puerto Libertador, Rafael Martínez.

Entre tanto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del líder social y periodista, Rafael Emiro Moreno Garavito, ocurrido en el municipio de Montelíbano, sur del departamento de Córdoba.

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 Al mismo tiempo, instó a las autoridades colombianas a investigar los hechos, así como a juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del homicidio, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil del crimen.

La relatoría hizo llamado al Gobierno Nacional a indagar exhaustivamente sobre el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas, con respecto a su caso, tanto en la evaluación del riesgo, como en el funcionamiento de las medidas vigentes para el momento del crimen.