Más de 2.200 habitantes de Bojayá (Chocó) están confinados: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación en la que permanecen 2.250 habitantes del municipio de Bojayá (Chocó), debido a la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, en el sector rural y urbano del municipio.

Según el pronunciamiento del organismo, las personas se encuentran confinadas por cuenta de la disputa armada entre estos grupos al margen de la ley.

Según se advierte, fue inspeccionada la zona y se identificó que desde el mes de septiembre y durante esta semana, aumentó el riesgo por las acciones violentas que vienen protagonizando paramilitares y guerrilleros. 

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Se indicó además que fueron instaladas minas antipersona y además fueron amenazados varios líderes de la localidad.

“Los grupos armados ilegales amenazaron a 16 líderes y residentes de ese municipio que se han opuesto a su presencia. Como estrategia de guerra, estas estructuras armadas instalaron minas antipersonal en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región”, advirtió la Defensoría.

La situación ya había sido informada desde el mes de abril, cuando se emitió una alerta temprana en la que se indicó que era inminente el riesgo para las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Napipí (Carrillo, Unión Cuity, Unión Cuity Central), Opogadó (Mesopotamia, Egoroquera, Unión Baquiaza), Doguadó (Playita, Villa Hermosa) y en el municipio de Bojayá.

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Por lo ocurrido en las últimas horas, la Defensoría del Pueblo solicitó de nuevo a la Gobernación del Chocó que, de manera urgente e inmediata, convoque al Comité de Justicia Transicional para brindar ayuda humanitaria a las 2.2250 personas confinadas por cuenta del conflicto armado que se vive en esta zona del país.

La situación en la que se encuentran les impide pescar y cultivar, por lo que no están recibiendo la debida alimentación y tampoco cuentan con los servicios de salud necesarios.

Condena 

El pasado 9 de mayo, se conoció que en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó condenó a la Nación a pagar una indemnización de 312 mil millones de pesos, a las 1.195 personas que huyeron de Bojayá, tras la masacre del 2 de mayo de 2002.

La explosión de un cilindro-bomba en la Iglesia del municipio, cobró al vida de 119 habitantes; en un hecho que todavía resuena en la memoria de los afectados.

La sentencia, con ponencia del magistrado Norma Moreno, señaló que si bien los daños fueron cometidos por guerrilleros de las Farc y los Paramilitares, el Estado es administrativamente responsable, por no atender las alerta de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.

“A la Fuerza Pública le hubiera bastado preparar una operación humanitaria con un puente aéreo para evacuar a los civiles y salvar sus vidas, mientras se tomaba el control militar de la zona", dijo el fallo.