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La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de la isla, por el riesgo que representan los desechos para los habitantes y turistas.

Pescadores tradicionales
Pescadores artesanales en San Andrés
Javier Jules

El Tribunal administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina decretó las medidas cautelares de urgencia que había solicitado la la Procuraduría General, debido a la exposición de más de 6 toneladas de residuos hospitalarios que están al aire libre y que pueden afectar tanto a los residentes como a los turistas del archipiélago.

En la decisión ese tribunal le ordenó a la IPS Universidad de Antioquia que en su condición de prestador de los servicios de salud de esa región del país, realice de manera inmediata “las gestiones administrativas pertinentes y eficaces con el objeto de brindar/contratar el servicio de transporte, recolección, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios generados en la red pública”. 

De la misma manera el tribunal le otorgó un plazo de cinco días para que la IPS retire los residuos hospitalarios y peligrosos de las instalaciones del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital de San Andrés, del hospital local de Providencia y demás puestos de salud de la isla que se han venido acumulando.

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Igualmente, fue ordenada la elaboración de informe sobre los impactos que se han generado en el archipiélago a raíz de la acumulación de estos peligrosos residuos, por parte de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

Esa entidad también deberá enviar las constancias de los controles y visitas que se realizaron durante este año a las instituciones de salud de San Andrés, mientras que la vigilancia y el cumplimiento de dichas medidas cautelares deberán garantizarse por parte del Gobernador de la Isla, a través del secretario de Salud.

Cabe mencionar que la Procuraduría General había solicitado que se declararan las medidas cautelares en San Andrés, tras asegurar que los mencionados residuos hospitalarios vulneraban los derechos de los habitantes y turistas de la isla.

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Este es el comunicado de la Procuraduría:

El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina decretó las medidas cautelares de urgencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación, ante el riesgo que representa para residentes y visitantes la acumulación de cerca de 6 toneladas de residuos hospitalarios, que permanecen a la intemperie y en contenedores en mal estado.

Ante la petición elevada por el Ministerio Público, el tribunal ordenó a la IPS Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), en su calidad de prestador del servicio de salud y manejo de la red pública hospitalaria del departamento, adelantar “las gestiones administrativas pertinentes y eficaces con el objeto de brindar/contratar el servicio de transporte, recolección, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios generados en la red pública”. 

Así mismo, pidió a la IPS, que en cinco días calendario, adelante las gestiones necesarias para retirar de las instalaciones del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital de San Andrés, del hospital local de Providencia y demás puestos de salud, los residuos hospitalarios y peligrosos que se encuentran en las instalaciones, y que realice la desinfección y limpieza de las zonas donde permanecen acumulados estos desechos. 

El tribunal también ordenó a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), elaborar un informe técnico en el que identifique los impactos generados por la acumulación de los residuos peligrosos y hospitalarios en la isla, y envíe la constancia de las inspecciones, controles y visitas realizadas el último año en las instituciones de salud.

Para el seguimiento de las órdenes impartidas, el tribunal dispuso que sea el gobernador del departamento, por conducto del secretario de Salud, quien supervise y garantice su cumplimiento.  

El pasado 30 de noviembre la Procuraduría urgió por las medidas cautelares para poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos, y garantizar la protección a la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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