MinJusticia pide respuestas a alcalde de Pelaya, Cesar, por denuncias de acoso

Luego de que la comisaria de familia, Katherine Martínez Cáliz, denunciara en varias ocasiones que ha sido víctima de maltrato físico, verbal y psicológico por parte del secretario de Gobierno encargado de Pelaya, Cesar, Darwin Donado Aldana, desde meses atrás, RCN Radio conoció en exclusiva que, el Ministerio de Justicia le solicitó al alcalde del municipio, Alexander Quintero, explicar qué acciones ha adelantado sobre este hecho. 

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“Frente a lo anteriormente contextualizado, quisiéramos conocer, ¿qué acciones ha adelantado usted como alcalde municipal y superior jerárquico tanto del secretario de Gobierno como de la Comisaria de Familia, de cara a las quejas y denuncias dadas a conocer por esta última funcionaria ante las diferentes instancias territoriales?”, se lee en el documento. 

Martínez Cáliz aseguró que, tras instaurar la denuncia ante la Personería Municipal, Darwin Donado la ha presionado para que retire la acción judicial, y según la denunciante, este ha intimidado en varias ocasiones en su lugar de trabajo. 

“La persecución ha sido sistemática va a mi oficina cuatro veces al día a intimidarnos, a generar un ambiente hostil, a presionarnos, por todo se dirige a mí, me dice que retire la queja por acoso laboral o sino no sabe lo que me pueda pasar a mí. Me ha dicho que yo tengo más que perder que él”, aseguró Martínez.

Según la comisaria de Familia de Pelaya, el funcionario la agredió verbalmente tanto a ella como a su asistente Tatiana Chavarría.

“El día que estaba formulando la queja en la Personería se atrevió a decirme en presencia de mi secretaria Tatiana Chavarría y de la secretaria de la Personería que, eso no lo arreglábamos en Personería sino afuera, pero yo siempre he sido firme en mi decisión: no voy a retirar la queja por acoso laboral. Si me llega a pasar algo a mí, o a mi auxiliar administrativo, Tatiana Chavarría Fonseca, responsabilizo al señor Donado Aldana”, dijo.

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Es de recordar que el acoso se daría en el marco de una decisión administrativa en la que la Contraloría Departamental requirió al alcalde municipal por la inversión de unos recursos de bienestar social.