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Pacientes esperan atención.
Pacientes esperan atención.
AFP

Una multa por más de 89.000 millones de pesos deberá pagar la Superintendencia Nacional de Salud, después de que fue sancionada por el Juzgado 13 de Barranquilla a pagar esta millonaria multa por intervenir a varias EPS que en la Costa Atlántica que prestaban un mal servicio a los colombianos.

El superintendente Fabio Aristizábal se mostró sorprendido por este fallo de última instancia, debido al efecto que se genera a la hora de tomar acciones contundentes para exigir una mejor calidad en la atención de los colombianos.

“Tenemos una problemática que considero dramática para el país, porque se ha vuelto más riesgoso actuar que no actuar. Si la Superintendencia entra a sancionar el comportamiento de una EPS, ahora resulta que nos demandan a nosotros y fallan en contra de la Superintendencia son las IPS, por lo que  convierte en un riesgo enorme”, indicó.

El funcionario a su vez aseguró: “Se conoció de un fallo en última instancia contra la Superintendencia por 89.000 millones de pesos por unas intervenciones que se hicieron contras unas EPS que no le habían cumplido a los colombianos”.

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El directivo ratificó: “Ante esta decisión la entidad mantiene una medida especial sobre 22 EPS que pueden reunir a 20 millones de colombianos y en el momento en que empecemos a tomar decisiones el drama que están viviendo las IPS se devolverá a la Superintendencia Nacional de Salud”.

Aristizábal anunció que en las próximas horas se reunirá con los entres de control para analizar este fallo, debido a los efectos que tendría cuando se avecinan varias sanciones contra las EPS que en el país no cumplen con la atención médica de sus usuarios.

Se afecta a los colombianos

El presidente de de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Gustavo Morales, afirmó que este fallo estaría relacionado con una decisiones que él tomó cuando fue Superintendente Nacional de Salud para asegurar la atención médica de los colombianos que reclamaban acciones contundentes por la mala calidad en el servicio de salud.

“Yo tomé esas decisiones con la información que tenía en ese momento con mi saber y entender, pensando además en los pacientes. Si eso me va a costar a mí 89.000 millones de pesos, imagínese lo que eso significa para los funcionarios buenos que quieran prestar un buen servicio”, dijo.

"Eso representará que ningún superintendente tome una decisión drástica respecto a una EPS; eso es una limitante enorme a la autonomía a la capacidad decisoria de un Superintendente”, agregó.

"¿Con qué ganas vuelve un funcionario a tomar una decisión que ayude a depurar y sacar del sistema a las EPS que no estén cumpliendo con sus labores? Ninguna, por lo que es una mala noticia”, dijo Morales.

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Se pierde la defensa del paciente

Por su parte, Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, aseguró que esto es muy delicado para exigir una mejor atención en el sistema de salud.

Nos preocupa que cuando se dan las sanciones que pedimos vengan los jueces de la república a pretender repetir contra los funcionarios que tomaron y  adoptaron estas decisiones sancionatorias”, manifestó.

El dirigente destacó: “Estas acciones en contra de la Supersalud permitirán que no se tomen las acciones correspondientes cuando se está atentando contra la salud de los colombianos y se quiere exigir un buen servicio al que todos tenemos derecho”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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