Nuevo hecho de corrupción: Habrían entregado alimentos a personas fallecidas en pandemia
Los kit alimentarios habrían sido entregados en Cartagena a través del programa para los adultos mayores.
La Asociación de Coordinadores de Adultos Mayores de Cartagena denunció que en sus corregimientos se estarían presentando presuntas irregularidades con el programa de atención a población de la tercera edad.
Las quejas fueron presentadas ante la Contraloría Distrital, que inició una investigación para determinar qué ocurría con los paquetes alimentarios que fueron entregados durante la cuarentena generada por la pandemia del covid-19.
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“Eso se da con ocasión a una denuncia presentada por un ciudadano. Básicamente el tema radica en que los paquetes alimentarios entregado durante la emergencia del Covid-19, por parte de la Secretario de Participación Ciudadana, tenía algunas irregularidades”, manifestó Freddy Quintero, contralor (e) de Cartagena.
Durante la verificación del contrato por $1.395.000, suscrito entre el Distrito de Cartagena y Miguel Quijano y CIA S.A, el ente encontró presuntas irregularidades en los soportes donde reposan los datos de los beneficiados con los kit alimentarios.
En el análisis de los documentos, la Contraloría evidenció que en el acta final de operación aparecen personas repetidas, fallecidas y otras que no reclamaron el beneficio, lo cual genera una alerta.
“En estos paquetes alimentarios del listado que se revisa de beneficiarios se encontraron personas que han fallecido, otros repetidos y algunos de los mercados nunca se entregaron”, recalcó el contralor.
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El documento emitido por ente fiscalizador indica que “se evidencia que para la primera entrega hicieron falta un total de 553 entregas, llevadas al valor de cada paquete alimentario ($89.514) darían la suma de 49.501.242 pesos”.
Agrega que “lo mismo ocurre en la segunda entrega de la cual no se realizaron 168 entregas, llevadas al valor del paquete alimentario, daría la suma de $15.038.352", dice el documento de Contraloría”.
Según el reporte, el alcance fiscal sería de $64.539.594, lo correspondiente al valor del contrato y sus adicionales. “Las observaciones fueron disciplinarias y fiscales, y tiene esa doble connotación ya se hizo el traslado a la procuraduría”, enfatizó el funcionario.
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