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La obra ha tenido prórroga por diversos motivos por lo que lleva más de tres años sin ser culminada.
Cortesía - Comunidad

Un nuevo proceso por presunta corrupción tendrá que afrontar el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, esta vez por la mega obra ‘La Casa en el aire’, en homenaje al maestro Rafael Escalona.

Junto a él se encuentran vinculados a la investigación el  ex secretario General José Juan Lechuga Zambrano, Juan pablo Morón Riviera y Jorge armando maestre Jaraba, ex secretarios de obra y supervisores del contrato.

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Igualmente, la contratista Johana patricia Vergara Abello, Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor de la obra  y el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, requeridos por el delito de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Según la Fiscalía, durante la etapa precontractual se omitió obtener la licencia de construcción lo que generó un desplazamiento del lugar de levantamiento de la cimentación de la obra y trajo como consecuencia, la suspensión en tres oportunidades y que surgiera la necesidad de hacer una adición al contrato de más de 2.000 millones, para un total de $9.295.833.056,30.

Desde diciembre de 2018 el exalcalde Augusto Ramírez Uhía anunció simbólicamente la postura de la primera piedra de 'la Casa en el Aire', proyecto que prometía catapultar la cultura, el turismo  y con un cronograma de ejecución de once meses, es decir, debía ser entregada en noviembre de 2019.

No obstante, la obra todavía está inconclusa, a pesar que el municipio ha cancelado más de $3.012 millones, que se constituyen en un detrimento patrimonial.

“Hasta el momento, se han cancelado al contratista más de 8.000 millones de pesos, lo que equivale al 89% del proyecto, sin embargo, se determinó que el contratista ha presentado al municipio la ejecución de unas cantidades de obras a mayor valor, como es el caso de la cantidad de metros cúbicos de concreto, que se han cobrado al municipio 2.290 m3 cuando de la información suministrada por los proveedores, se estableció que solo se han despachado 1.596,50 m3, es decir, se sobrefacturó 693.79m3 de concreto", sostuvo una fuente judicial.

Dijo además que "ello da cuenta que el municipio ha cancelado de más de tres mil millones, constituyéndose en un detrimento en disfavor del contratante”.

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Cabe señalar, que el pasado mes agosto, el exalcalde fue cobijado con prisión domiciliaria por un lío judicial, por un contrato de educación cuyo objeto fue la prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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