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Hay varios líos por los candidatos con investigaciones en marcha.
A pocas horas de las elecciones, piden parar las campañas de odio.
AFP

La Defensoría del Pueblo, en su más reciente informe electoral, puso en alerta la situación que se vive en varias regiones del país. En el marco de las actuales campañas de autoridades locales, la entidad advirtió de cómo grupos violentos pueden incidir contra los mecanismos de participación democrática. 

Al respecto, llamó la atención la situación que se puede presentar por eventuales fenómenos de injerencia de narcotráfico, en ese propósito de permear las elecciones sin mayores restricciones. 

En ese sentido, Córdoba es uno de los departamentos más amenazados por esta situación. Esa alerta se extendió con más contundencia para los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador donde se alertó de una situación directa de riesgo.   

Y es que hace unos días en el departamento de Córdoba se ensombreció el ambiente electoral por cuenta de lo que está pasando en Montelíbano. De acuerdo a una denuncia que llegó a la Fiscalía, uno de los candidatos a la alcaldía, José David Cura, debe ser investigado por los presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.  

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En la petición se pide indagar a Cura por supuestamente haber asumido el “negocio” de su padre, remplazándolo en el tráfico de narcóticos. Además, se alertó que al ser un “financiador y socio de su primo Cura Buelvas” se pueden entorpecer las elecciones al tener dineros producto de actividades de narcotráfico en actividades legales y electorales. 

“Se pone en riesgo la igualdad y libertad, los cuales tienen devastadoras consecuencias sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad, pues constituye una vulneración de los derechos humanos por cuando entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, promueve la conformación de grupos armados ilegales, somete las libertades personales, ideológicas y electorales de todos los ciudadanos a la voluntad de quien detenta un poder en un ‘narcomunicipio’”, cita el documento llegado a la Fiscalía. 

Todo este caso actualmente está en manos de la Fiscalía General de la Nación para adelantar la indagación del caso.

Fuente

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