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Procuraduria General de la Nación
Con la apertura de la indagación preliminar, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Cortesía Concejo Distrital

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y a los exconcejales Vicente Blel Scaff (actual gobernador de Bolívar), Edgar Mendoza Saleme y Luis Cassiani Valiente (2016 - 2019), por presuntamente comprometer vigencias futuras por 15 años, que superaron los $343.067 millones, para ejecutar obras de saneamiento básico.

El Ministerio Público cuestionó el hecho de que aparentemente votaron de manera afirmativa el proyecto de acuerdo 039 de 2016, que posteriormente se convirtió en el acuerdo 023 de diciembre del mismo año, aprobando vigencias futuras excepcionales, sin que se cumplieran los requisitos y las reglas previstas en la ley para la aplicación de esta figura presupuestal, con lo que pudieron incurrir en el delito de prevaricato por acción.

El caso se remonta cuando el actual Gobernador era concejal y presuntamente se comprometieron vigencias futuras por 15 años por 343.067 millones

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En el caso del exmandatario Manuel Vicente Duque, se le formuló el cargo por presentar el proyecto de acuerdo No. 023, por medio del cual se autorizó al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que, por el término de 15 años, contados a partir de la vigencia fiscal 2017 y hasta 2031, pudiera transferir anualmente a la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), los recursos que recibía el ente territorial del Sistema General de Participaciones.

Por esta aprobación, el exmandatario celebró el Convenio Interadministrativo No. 004, del 2 de febrero de 2017, con la Empresa de Desarrollo Urbano, sin que presuntamente adelantara el trámite y cumpliera con los requisitos previstos en la ley para su aprobación y ejecución.  

La Procuraduría recordó que sobre este tema, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la invalidez del acuerdo por encontrarlo violatorio de la Ley 1483 de 2011 y su Decreto Reglamentario 2767 de 2012, y en su decisión indicó que al haberse autorizado al mandatario distrital para transferir los recursos del Sistema General de Participaciones a la Empresa Edurbe se violaron las normas presupuestales de disciplina fiscal.

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Frente a esta situación, la Procuraduría reprochó a los investigados la presunta violación de normas que regulan la aprobación de vigencias futuras y el desconocimiento del principio de moralidad administrativa de la función pública.

El organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta de los investigados como gravísima a título de dolo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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