Procuraduría destituye e inhabilita por doce años al exalcalde Carlos Caicedo

La Procuraduría Delegada de Magdalena impuso sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años, al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, mediante fallo de primera instancia, por presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación de obras para la construcción de cuatro pozos en 2014.

La decisión igualmente cobija con destitución e inhabilidad por 11 años al exgerente de Infraestructura del Distrito, Efraín de Jesús Vargas Corvacho.

De acuerdo al comunicado del ente de control, Javier José de la Hoz Bolaños, representante legal de la empresa Ingenieros y Arquitectos Asociados LTDA, firma interventora del contrato 281 del 2014, quedó absuelto de cualquier responsabilidad disciplinaria.

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Según el Ministerio Público, el exalcalde samario Caicedo Omar y Vargas Corvacho habrían cometido falta gravísima, por la violación de los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa en el contrato 281 del 2 de abril de 2014, por el cual se estipulaba la perforación de cuatro pozos profundos de 68 metros lineales para el suministro de agua potable en la capital del Magdalena, con una inversión aproximada de más de 1.000 millones de pesos.

De acuerdo a la Procuraduría, en el contrato no se tuvieron en cuenta “los principios de igualdad y selección objetiva, transparencia y economía que rigen la función administrativa y la contratación con recursos públicos”.

En el mismo sentido,“no se garantizó la idoneidad del contratista para la construcción de las obras, ni la selección de la oferta más favorable para la entidad, a través de la exigencia de requisitos de experiencia específica, capacidad financiera y de organización proporcionales y adecuados a la naturaleza y el precio del objeto contractual”.

El excandidato presidencial y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo Omar, tiene vigentes varios procesos de investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en contratación en salud y educación.