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En robos de servicios públicos se registran pérdidas de $400 mil millones anuales en todo el país.

Las interrupciones se presentarán en tres municipios del Valle de Aburrá por el mantenimiento de las redes de acueducto.
Grifo, cortes de agua.
Foto archivo

Durante el XXI Congreso de Servicios Públicos, TIC y TV que se está realizando en Cartagena, se anunció un proyecto que busca sancionar ejemplarmente a quienes estén hurtando servicios públicos

Esta iniciativa tiene como objetivo suspender los servicios públicos a quienes sean sorprendidos robándolos.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco, indicó que este es un proyecto que se le presentará en los próximos días al Gobierno Nacional.

"Con lo que vamos a presentar va a cambiar ese esquema pues a la gente solo se le podía cobrar cinco meses de lo que se robaban. Si robaban durante un año el negocio seguía siendo muy importante", explicó.

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"A la gente, cuando los cogían por segunda o tercera vez, no le pasaba nada. Tenemos que cambiar ese esquema para que sí pase y para que le quitemos el servicio al personaje que verdaderamente no merezca tenerlo", agregó Sánchez. 

Este proyecto es una propuesta que no solo está liderada por Andesco sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos y contaría con la ayuda de la Policía Nacional y la Dijín. 

"Además estamos invitando a que la ciudadanía denuncie. Porque cada vez que usted se ríe viendo que están haciendo el robo, usted después va a llorar porque tiene que pagar parte de sus servicios del robo que vio y lo omitió", indicó Sánchez. 

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Asimismo, indicó que, al año, el robo de servicios públicos representa más de $400 mil millones de pesos y que los que más sufren hurtos son el gas y la energía eléctrica. 

"Primero hemos encontrado el gran robo de energía y también de gas; cifras como las de Bogotá que registra $42 mil millones al año en robo de gas", dijo Sánchez. 

"Lo que se roban de armarios, de tapas y este tipo de utensilios son $380 mil millones de pesos en todo el país", explicó el presidente de Andesco.

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Por último, indicó que este proyecto no se trata de perseguir a las personas de bajos recursos, sino de ponerle un orden y sancionar a quienes de forma consciente realizan  los robos.

"Aquí no estamos persiguiendo a los más pobres. Aquí estamos persiguiendo a los ladrones, a las personas que realmente con consciencia están haciendo un delito, sabiendo que les corresponde pagar lo que está consumiendo", concluyó.
 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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