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Vigilantes sostienen que la Secretaría de Educación firmó un 'pacto de buena fe' donde se comprometió a que los vincularía el nuevo operador

En el limbo se encuentran los vigilantes voluntarios que por más de 45 días garantizaron la seguridad de los colegios públicos de Cartagena.

Esta situación obedece a que el nuevo operador del servicio, la empresa Amcovit Ltda, no los estaría teniendo en cuenta dentro del personal que está contratando, según se acordó con la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación.

John Narváez, vocero del Comité Cívico, que asumió la vigilancia de los colegios oficiales tras culminarse el contrato con el anterior operador, manifestó que es el Distrito el que está llamado a responderles por las promesas que les hicieron una vez se adjudicara la licitación pública.

"El Distrito se comprometió a que iba a hacer todo lo posible para que todos nosotros que estábamos colaborando con este acto de buena fe, para los niños ingresaran a las aulas con toda la seguridad en sus instituciones educativas. Ellos iban a hacer todo lo posible para recomendarnos a todos para quedarnos en los puestos de trabajo con esta nueva empresa y seguir prestando el servicio", expresó.

Medardo Hernádez, presidente del Sindicato Único de Docentes de Bolívar (Sudeb), quien participó como testigo de excepción en el "pacto de buena fe" que suscribió el Distrito con los vigilantes voluntarios, corrobora dichas promesas hechas al personal y pide a la Alcaldía dar cumplimiento "a la palabra empeñada".

"Este nuevo operador, si viene con un criterio sano, debería garantizarle a si sea 'por sustitución patronal' las garantías laborales entre ellas, la de estabilidad para aquellos que ya vienen, conocen y tienen experiencia en el servicio de vigilancia en los planteles educativos", indicó.

Alejandra López, subdirectora de conocimiento de Funcicar, manifestó que preocupa que desde el Distrito se haya llegado a unos acuerdos de vinculación laboral sin ninguna garantía de que se hiciera efectiva por parte del nuevo operador de servicio de vigilancia, se estaría incurriendo en delitos como concusión, peculado por aplicación oficial diferente e interés indebido en la celebración de contratos.

"Vemos que existen unas quejas por parte de algunos vigilantes que manifiestan que no han sido contratados laboralmente y este era justamente el escenario que se veía venir toda vez que ninguna empresa que gane un contrato a través de licitación pública está obligada a contratar", dijo.

RCN Radio intentó obtener un pronunciamiento del Secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, pero no fue posible que el funcionario nos atendiera vía telefónica.

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