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El caso de cartelización de proyectos de paneles solares originó nueve actuaciones de responsabilidad fiscal, por $66.247 millones, contra los posibles presuntos responsables, entre los que aparecen nueve alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar. 

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 23 de diciembre del 2020, se revisaron 178 proyectos de inversión por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados en varios sectores.

Así mismo, se ejerce la vigilancia y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), vela por la correcta ejecución de los mismos y revisa con lupa la respectiva contratación y, por citar un solo ejemplo, en ejercicio de esta labor en lo que toca al Ocad Paz, puso al descubierto una cartelización de proyectos de paneles solares, señala el informe.

También muestra el informe que por estas presuntas irregularidades, la Unidad de Regalías viene adelantando nueve actuaciones de responsabilidad fiscal, por el mismo valor, en los que figuran como posibles presuntos responsables los ejecutores de los proyectos: alcaldes de los municipios de Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita en La Guajira; y de Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguana en el Cesar, así como los miembros del Ocad Paz y ministerios que dan el pronunciamiento único sectorial.

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Estos resultados hacen parte de una Actuación Especial del organismo de control en la que identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de 67.230 millones de pesos, de los cuales nueve corresponden al Sector Minas y Energía (precisamente los relacionados con la implementación de sistemas fotovoltaicos). Los otros tres hallazgos pertenecen al Sector Transporte.

Por medio de actuaciones especiales realizadas en diferentes municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), la Contraloría detectó en el ejercicio del nuevo control preventivo y concomitante, que una importante cantidad de proyectos viabilizados por Ocad Paz se están aprobando sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que a futuro podría derivarse en detrimento patrimonial.

 Desde los municipios en donde se están presentados estos problemas, a través de correos anónimos y panfletos, se presentaron quejas por supuesta “obstrucción” a las obras por parte de funcionarios de este organismo de control.

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En agosto del 2021 llegó a la Contraloría General de la República una denuncia instaurada a nombre del contratista Juan Carlos Saldarriaga, desde el correo entidadesterritorialespdet@gmail.com, con la información que se retomó esta semana como una denuncia que supuestamente involucraría a tales funcionarios”, precisa la Contraloría.

Fue así como se dio inicio a una investigación interna, la cual no arrojó ningún indicio de detrimento patrimonial, sino que al contrario, encontró que el señor Saldarriaga había sido suplantado en su correo electrónico y dado esto, se desestimó a falta de pruebas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las acusaciones realizadas en el correo, se instauró una denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia, y con el fin también de encontrar la dirección IP real de la persona que realizó la denuncia por email.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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