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Empresa Air-e.

A la Procuraduría, Fiscalía y Superintendencia de Servicios, recibieron una denuncia por supuesta mala administración de los recursos que son destinados por la empresa Air-e para el suministro de alumbrado público de varios municipios de la Costa Caribe

El denunciante alega que la empresa, encargada de administrar el dinero que es recaudado en calidad de impuestos a los contribuyentes, no está siendo entregado a las autoridades municipales para que mantengan el funcionamiento del alumbrado. 

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"No las efectúa en el menor tiempo posible para poder cubrir los gastos y costos que requiere la operación del servicio mensualmente, llegando a exceder cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo, afectándose y poniéndose en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público", menciona el documento. 

En la queja aseguran que la ley impone una prohibición para que estas empresas entreguen esos dineros a las autoridades correspondientes en un término que no exceda los 45 días, pero resaltan que la empresa no cumple con este compromiso. 

"No pueden ser retenidos en las cuentas del recaudador por más de 45 días y su obligación de transferirlos a las entidades territoriales, corresponden a una carga tributaria que no implica un pasivo del comercializador, si no el mero traslado del valor pagado por los contribuyentes a través de la factura de energía", añade el demandante. 

Finalmente resaltaron que los organismo deben tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la financiación del alumbrado público de los municipios proviene única y exclusivamente del impuesto recaudado a los ciudadanos.

"La única fuente de financiación del servicio de alumbrado público en los municipios y Distritos del país es el IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, con el que se cubren los costos de operación, las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos e incluso su expansión", concluye el demandante. 

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La Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia de Servicios Públicos recibieron esta demanda y ahora deberá determinar si el caso amerita investigaciones administrativas, disciplinarias y penales. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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