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Foto: Ingimage

Que el estado no recupere los recursos utilizados en la intervención, es una de las preocupaciones de la Contraloría General de la República ante la posibilidad de que la firma española Gas Natural Fenosa vuelva a tomar las riendas de Electricaribe

“Plantea unos riesgos muy grandes para los intereses del Estado colombiano, particularmente porque no hay claridad si es posible y como se haría (si lo es) el reintegro de la cuantiosa cantidad de recursos públicos con que se ha respaldo el proceso de intervención” dice un informe del ente de control.

Según el informe, hoy en día las garantías otorgadas por la Nación ascienden a $135 mil millones y se cuenta con un crédito de $320 mil millones para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera. Dicho crédito fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2017 y cuenta con la garantía de la Nación.

“Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, manifestó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Según la Contraloría, el EBITDA (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), podría estar por debajo de los $50.000 millones, cifra que es inferior a la cantidad de recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.

Por otro lado, la Contraloría llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa (alrededor de $1 billón de pesos) no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado, con todos los efectos fiscales que esto implicaría.

Advierte la Contralória que es necesario conocer las acciones que se están empleando para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso extremo de que esto ocurra, verificar cómo se va a garantizar la devolución de estos recursos.