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La clínica, según las investigaciones, utilizó medicamentos falsificados que les causaron la muerte a 16 bebés prematuros.

Bebé en incubadora
Bebé en incubadora. Imagen de ilustración.
AFP

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, confirmó una multa por 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($781’242.000), a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela de Valledupar por el suministro de un medicamento presuntamente falsificado que ocasionó la muerte de 16 bebés prematuros.

Las investigaciones adelantadas, tras los hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y primeros meses de 2017, permitieron encontrar graves irregularidades que se deben investigarse a profundidad.

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El superintendente, además, advirtió que los prestadores deben cumplir con todas las normas que regulan la prestación la entrega de medicamentos, entre ellas las tendientes a garantizar adecuadamente el servicio farmacéutico para que estos casos no vuelvan a ocurrir.

“La Clínica realizó compras a un proveedor con el que no mantenía una relación comercial estable denominado VC Medical y sin existir un contrato o carta de intención que definiera el modelo de compra y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Además, el proveedor del medicamento Survanta no registró ningún tipo de documentación ante la institución que lo habilitara como tal. Sin embargo, se generaron órdenes de compra”, indicó el superintendente. 

Aristizábal también confirmó: “Las órdenes de compra fueron expedidas por una practicante del Sena o por el regente de farmacia, y no contaron con aprobación o autorización de la química farmacéutica o de otro nivel jerárquico”.

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El superintendente dijo que el medicamento no era el original, según lo explicó el "representante de Laboratorios ABBCIE (perito), luego del proceso de cotejo al que fue sometido el producto encontrado en el centro hospitalario y que fue contrastado con el medicamento de la casa matriz".

El superintendente Nacional de Salud advirtió que “los prestadores deben cumplir con todas las normas que regulan la prestación del servicio, entre ellas las tendientes a garantizar adecuadamente el servicio farmacéutico" 

"No basta con contar con el certificado de habilitación para prestar el servicio. La salud es un derecho fundamental, que no puede ser visto como un negocio”, concluyó.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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