Con el propósito de descongestionar el sistema penitenciario y carcelario en el departamento, se firmó un convenio entre la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Barranquilla. El acuerdo definirá, entre otros aspectos, el cierre financiero para la construcción de 2.000 nuevos cupos carcelarios que mitigarían el hacinamiento.

El gobernador (e) del Atlántico, Pedro Lemus Navarro, afirmó que a finales de año estarían definidos los aportes de todos los actores para la construcción de esta cárcel que remplazaría a la Penitenciaría de El Bosque.

Agregó que dentro del convenio también se definirá la autorización para la construcción del centro de custodia provisional en la Penitenciaría de El Bosque para reducir el hacinamiento en 350 cupos, sumados a los 2 pabellones que en esos momentos se construye en la Cárcel Distrital para albergar 300 personas. En total, se generarían 600 cupos  para reducir el hacinamiento.

"También le solicitamos al Ministerio de Justicia que le otorgue al Atlántico 400 cupos de los 5.000 que se están ofertando en todo el país. Esta medida consiste en que se traslade, de las cárceles del departamento, a internos que no son oriundos del Atlántico a centros penitenciarios cercanos a sus sitios de arraigo" explicó Lemus.

Frente a esta solicitud, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, señaló que ya están estudiando esta posibilidad con el Inpec y la Uspec.

"Estamos configurando estrategias encaminadas a solucionar problemas carcelarios; además, vamos a compartir información en materia penal, criminal y penitenciaria para propiciar soluciones. Este convenio es un emblema pedagógico y podemos presentarlo como modelo a todas las entidades territoriales", señaló el ministro Gil.

El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, explicó que el documento también plasma un convenio entre Policía, Ministerio de Justicia y el Inpec para que los coordinadores de los cuadrantes apoyen labores de vigilancia en las detenciones domiciliarias.

"Queremos que haya un control efectivo de las medidas de aseguramiento domiciliarias que garanticen niveles óptimos de seguridad para los habitantes de los territorios. La idea es apoyar al Inpec debido a que presenta un déficit de personal que afecta estas labores", subrayó Polo.

Por último, se establece la generación de una estrategia de tratamiento penal diferenciado para adolescentes que hayan estado inmersos en delitos asociados al narcotráfico.