Se espera que el mandatario interino reitere en la parte que las obras están paralizadas.

Hoy se vence el plazo de 48 horas que dio la Procuraduría General de la Nación a la Alcaldía de Cartagena, para que envíe un informe sobre las acciones que se han tomado para frenar la construcción del proyecto Aquarela Multifamiliar, el cual empezó el levantamiento de cuatro torres de 30 pisos en cercanías al Castillo de San Felipe.

El Ministerio Público pidió al alcalde que dentro de un periodo de dos días tomara acciones administrativas y policivas que hicieran efectiva la suspensión de la obra, y se evite la afectación al entorno del Castillo de San Felipe de Barajas. 

En la carta, el procurador Fernando Carrillo, cuestionó que se haya retirado del cargo a la inspectora de Policía Elvia Pájaro, quien fue la que suspendió las obras en el mes de octubre del 2017 y se haya nombrado a una persona que no ha actuado frente a esta construcción.

Se espera que la alcaldía envíe hoy la respuesta al jefe del ministerio público, y argumente las acciones que tomó para evitar la construcción del proyecto Aquarela. El alcalde, Sergio Londoño Zurek, será el encargado de responder la petición de la Procuraduría y dar declaraciones a los medios de comunicación sobre los llamados de atención que ha hecho el ministerio público a la alcaldía.

Se espera que el mandatario interino reitere en la parte que las obras están paralizadas tras decisión de un juez de la república, y que están a la espera de la decisión del juzgado. Sin embargo, el personería distrital ha insistido que la administración distrital no ha tomado acciones sino que se ha conformado con la decisión judicial.

Las acciones administrativas estarían encaminadas a revocar los documentos que usó el curador urbano número uno para otorgar la licencia de construcción.

Hasta el momento, el alcalde (e) de Cartagena ha evitado dar declaraciones a los medios de comunicación. Las ruedas de prensa convocadas por la alcaldía fueron canceladas a última hora y el mandatario interino dejó de asistir a eventos públicos que tenía programado. Por esa razón se desconoce las acciones que ha tomado la alcaldía tras la solicitud del procurador general y también se desconoce la respuesta formal que entregará el Distrito al Ministerio Público. 

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