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En sesiones separadas Gobierno y Farc analizan avances de acuerdo de paz

Con el fin de analizar los avances y compromisos en la implementación del acuerdo de paz ha llegado a Cartagena una comisión del Gobierno Nacional y una comisión de las Farc.


Con el fin de analizar los avances y compromisos en la implementación del acuerdo de paz han llegado a Cartagena una comisión del Gobierno Nacional y una comisión de las Farc, quienes en sesiones por separado se encargarán de analizar los cumplimientos de los mismos.


Se espera que en estas sesiones se revisen con profundidad los diferentes puntos prioritarios para la implementación, de igual forma se evaluarán los avances que se han tenido tras 100 días de la firma del acuerdo, de esta manera se tomarán decisiones que aceleren la implementación a cabalidad.


Luego de las sesiones separadas tanto Gobierno como Farc se reunirán para llegar a común acuerdo. Se desarrollarán mesas de trabajo conjunto que permitan acelerar la implementación del acuerdo de paz.





Se espera que mañana todo el equipo del Gobierno Nacional y el equipo de las Farc estén juntos analizando el acuerdo. Esta reunión ha sido denominada cónclave pero aun no sale humo blanco de este encuentro.


En otro sector de la ciudad, la Misión Electoral Especial la cual fue creada en cumplimiento de los acuerdos de paz se encuentra reunida con los diferentes partidos políticos. En el desarrollo de este segundo día de la cumbre “En la ruta de la paz”, analizan las propuestas que serán incluidas en la Nueva Reforma Electoral, varias voces se escucharon en contra.


La principal propuesta consiste en la creación de una Corte Electoral la cual tendría como nombre el Consejo Electoral Colombiano, este organismo reemplazaría y cumpliría con las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, modificaría al Consejo Nacional Electoral y aumentaría el número de representantes a la Cámara.


Para Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional del Estado Civil, esta entidad no merece ser eliminada sino modificada. Según manifestó la registraduría  “ha brindado garantías a todos los colombianos en la organización de procesos electorales”, por lo que consideró que la apuesta debería ser robustecer a la institución, dando solución a “la verdadera problemática electoral del país” que en su criterio radica en “la financiación de las campañas políticas, la abstención y el fortalecimiento de los partidos políticos”.


Sin embargo, la congresista Claudia López, cuestionó fuertemente dicha afirmación. “¿Quién no sabe que la registaduría es una danza de millones de compra y venta de votos? Eso se sabe en el Caribe, en el Pacífico, y en toda región de Colombia. Se sabe que está  politizada, que es una institución al servicio del gobierno de turno. Yo sí creo que se necesita una organización electoral independiente del gobierno y de los partidos, aquí tenemos una registraduría macrocefálica y un Consejo Nacional Politizado pero pírrico que se supone que el órgano que controla la registraduría, obviamente no funciona”.


Agregó que “el Consejo Nacional Electoral es un apéndice  de la registraduría a quien se supone debe controlar, por supuesto ese esquema no funciona”.


Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Ramírez Ramírez, rechazó la propuesta de creación de una Corte Electoral, al considerar que esa instancia no tiene relación directa con el acuerdo de paz.


Para la máxima autoridad del Alto Tribunal, si bien es necesario hacer “ajustes al modelo institucional”, no es oportuno ni conveniente realizar “una sustitución de la arquitectura constitucional”.


Según el Consejo de Estadoesto es lo que se plantea con la conformación de esta figura, la cual además de controlar la actividad electoral en Colombia, estaría también asumiendo las funciones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.


Por otro lado, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral, respondió a los cuestionamientos del presidente del Congreso de la República, Mauricio Lizcano, quien mostró su rechazo a la propuesta de ampliar el número de representantes a la Cámara por ser más costoso para el país.


Barrios Cabrera reconoció que es posible que la iniciativa no sea muy atractiva a la ciudadanía por el desprestigio del Congreso, “pero invito al Presidente del Senado para que lidere entonces en el Senado una propuesta donde se disminuya la representación en la Cámara de Representantes de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que son los que tienen la mayoría”.


La directora de la Misión Observación Electoral añadió que si Mauricio Lizcano lidera esa propuesta y las tres circunscripciones de esas grandes poblaciones se las pasa a Guainía, Vichada y Amazonas, aseguró que acompañaría al congresista en la iniciativa, “nosotros tenemos 136 representantes, estamos proponiendo para que haya una mayor representación de Guainía, Vichada, Putumayo, Casanare, de que se suba a 200 esa representación”.


Entre tanto, Daniel Zovatto, director regional de la IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, manifestó que la nueva reforma electoral en Colombia debe enfocarse en la financiación política, haciendo especial hincapié al fortalecimiento de los mecanismos de control y el régimen de sanciones.


Subrayó que "no es suficiente tener buenas legislaciones" sino que estas este acompañadas de órganos de control independientes, autónomos y "con voluntad" para sancionar a quienes violen la ley sean políticos y/o empresarios.


"Las sanciones no deben mirar solamente a los políticos, sino a los políticos y a los empresarios. Es decir, tienen que mirar la mano que recibe, pero también la mano que da porque muchas de esas legislaciones apuntan únicamente a castigar a una parte y no a ambas partes", aseveró.


Lo anterior lo enmarcó en torno a la polémica nacional generada por los presuntos aportes dados por la multinacional Odebretch a las campañas del excandidato Óscar Iván Zuluaga y el actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos.


Allí, expresó que ante este tipo de situaciones debe haber "corresponsabilidad solidaria" entre el candidato, jefe de campaña, tesorero y del asesor legal.


"Lo que hay que evitar es que, en caso que se detecte una irregularidad en el financiamiento de la campaña, el candidato mire para otro lado y diga: ¡yo no sabía!. Esto no es nuevo y pareciera que pudiera volver a ocurrir", puntualizó.