El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dio a conocer que estudia promulgar una resolución que establezca el costo de los subsidios de arriendo que deberá pagar la empresa constructora de los Quiroz, a las 108 familias que compraron apartamentos en 16 edificios construidos de manera ilegal.

De acuerdo al superintendente, el constructor debe responder a las víctimas y en caso de no tener dinero será el Distrito el que asuma el pago de esos subsidios de arriendo, con dinero de los cartaganeros.

"El alcalde Londoño ha adelantado algunas de las acciones. Lo primero es que ha solicitado a la Superintendencia que, tal como lo hizo en Medellín con los edificios Space, tome una decisión sobre los subsidios. Que la Superintendencia diga cuál es el subsidio que le corresponde pagar a los constructores.”, dijo Robledo.

Agregó que espera que “mientras dure la calamidad y se logran las indemnizaciones, esas personas puedan tener un subsidio habitacional de arriendo a cargo de los constructores y que también la Superintendencia diga qué habría que hacer por parte del Distrito en el evento, ojalá y no sea así, que los constructores incumplan los subsidios".

De acuerdo Robledo, se adelanta una investigación contra los constructores Quiroz por entregar bienes de mala calidad a sus clientes y violar el régimen de protección al consumidor.

La alcaldía de Cartagena dio a conocer que solicitó al superintendente de notariado y registro que acelere las investigaciones correspondientes contra los títulos de propiedad de 40 edificaciones, las cuales se habrían construido con licencias falsas.

Asimismo se solicitó al Superintendente Financiero, analizar los créditos bancarios que aún están pagando algunos de los propietarios de estos 283 apartamentos y se evalúe tomar acciones similares a las que se dieron en Medellín con los propietarios del edificio Space.

Estas acciones de las superintendencia fueron tomadas tras un encuentro que sostuvo el alcalde Sergio Londoño con el superintendente Financiero, el Superintendente de Industria y Comercio, la Superintendencia de Notariado y Registro, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento de Riesgos de Medellín, La Procuraduría, La Fiscalía y la Defensoría del pueblo.