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Hospital de Ocaña
Hospital de Ocaña
Foto de Archivo

La Superintendencia de Salud reveló este lunes que después de realizar una investigación detallada en el hospital Emiro Quintero Cañizares, se detectaron nuevos hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico en el hospital del municipio de Ocaña.

Se identificó un favorecimiento con seis contratistas, por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020.

Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa, al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes, así como falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros.

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De igual forma, se evidenció el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento del uso y manejo de los recursos.

Estas nuevas irregularidades se suman a los 87 hallazgos expuestos por la Supersalud, el pasado 11 de noviembre, cuando el ente de control sustentó la decisión de intervenir el centro asistencial, con el fin de garantizar la vida de los usuarios y los recursos del sistema de salud.

Igualmente, el equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones, también una presunta nómina paralela, al igual que contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.  

En el informe entregado por parte del agente especial interventor, Yamil Blel, designado por la Superintendencia Nacional de Salud, se evidenció una presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables.

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Según el auditor, la institución no cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones, por lo que se estima que los pasivos del hospital podrían pasar de $18.297 millones a $29.300 millones.

Igualmente, se identificó una subestimación del pasivo de la entidad por el no reconocimiento o registro de la totalidad de procesos judiciales, esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida.

El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital y los equipos biomédicos del hospital no cuentan con el mantenimiento preventivo, lo que generaba un riesgo para la atención.

El hospital no cuenta con un software integrado de información, por tanto, los procesos de historia clínica, admisión, facturación y cartera son administrados por terceros, y son de propiedad y manejo la cooperativa contratista, hecho que genera retrasos e inconsistencias de la información.

Así mismo el informe señala algunos allazgos técnico-científicos, entre ellos:

• Sin insumos para garantizar la operación: Carencia de un stock o existencias de insumos y medicamentos.

• Riesgo en el uso de medicamentos: El almacenamiento de los medicamentos no cumplía con la reglamentación estipulada, además de identificarse inconsistencias en el inventario no solo de los medicamentos si no de los dispositivos médicos.

• La infraestructura de los puestos de salud incumplía los requisitos mínimos de habilitación, así como la unidad mental.

• Cancelación de más de 600 citas agendadas: Se identificó falta de oportunidad en el acceso a consultas con especialidades sin especificar razones de peso, dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida.

• Prestación de servicios sin previa habilitación de la secretaría de salud: El centro asistencia ofertaba los servicios de ginecología, oncológica y perinatología, sin la respectiva habilitación y registro en el REPS; así como del servicio de endocrinología.

La Superintendencia del ramo subrayó que con el Emiro Quintero Cañizares son ya seis los hospitales públicos que han sido objeto de intervención forzosa, por parte del organismo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

En marzo, lo fue el hospital San Marcos, de Sucre; en abril, el Sandiego de Cereté; en mayo, el hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta y el hospital San Rafael de Leticia, y en julio, la nueva ESE San Francisco de Asís de Quibdó.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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