La diligencia de desalojo iba a ser adelantada por la Sociedad de Activos Especiales.

Cartagena
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RCN Radio

El Juzgado Cuarto Civil Municipal del Distrito de Cartagena ordenó la suspensión de una diligencia de desalojo que fue ordenada por la Corte Constitucional en un predio de 37 hectáreas ubicado en la isla de Tierra Bomba.

La orden de desalojo, emanada en la sentencia T-1024 del 2012, iba a ser adelantada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que reemplazó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

De acuerdo con Roberto Amor, gerente de la regional norte de la SAE, la suspensión de la diligencia se debe a que la Alcaldía de Cartagena presentó un recurso aduciendo que es propietaria de los predios los cuales, a través del proceso de desalojo se pretenden entregar al ciudadano Fernando Martínez Bohórquez, en conformidad como lo establece el Alto Tribunal.

"El proceso de desalojar hizo parte de un proceso de extinción de dominio en el cual se incautaron la posesión que tenía el señor Fernando Martínez. Posteriormente, a través de orden judicial, se ordenó la devolución de esos predios al señor Martínez porque no se encontraron méritos para extinguir el dominio de los mismos", dijo.

Expresó el funcionario que el proceso a realizarse sobre los terrenos era de pleno conocimiento del Distrito de Cartagena. Sin embargo, en la última fase que compone la diligencia de desalojo, que debió haberse concluido en junio del año pasado, se han presentado diferentes inconvenientes que han dilatado el proceso, donde ahora la decisión del Juzgado hace más engorroso el cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional.

"El Distrito de Cartagena afirma que esos predios son de su propiedad y se opone a la diligencia que hace la Sociedad de Activos Especiales, desconociendo la necesidad que tiene la entidad de dar cumplimiento a la orden judicial emanada por la Corte Constitucional", indicó.

RCN Radio intentó obtener un pronunciamiento de la Alcaldía de Cartagena en torno al recurso interpuesto y que derivó en la suspensión del desalojo, sin embargo, desde la Oficina Jurídica informaron que el tema no es de competencia de esa dependencia sino desde la Secretaría del Interior y de la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, donde los encargados de esas instancias no fue posible que nos atendieran vía telefónica.

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