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Con ponencia del magistrado José Mow Herrera, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, procedió a resolver la solicitud de medida cautelar interpuesta por Josefina Huffington Archbold, líder cívica de Providencia y Santa Catalina, con el objeto de proteger los derechos colectivos a la Salud de la comunidad étnica raizal del municipio, ordenando al gobierno local y al administrador de la Salud actual, abastecer con todo lo necesario al hospital municipal para la prestación integral del servicio.

La petición se fundamenta en el hecho de que, si bien la prestación de los servicios de Salud está a cargo del Estado, actualmente el hospital de Providencia “no cuenta con los implementos mínimos para atender ningún tipo de emergencia.

La farmacia no tiene un stock de medicamentos que pueda garantizar la entrega oportuna a los usuarios; la infraestructura hospitalaria está deteriorada; además, los informes de auditoría realizados a los procesos del régimen subsidiado de salud arrojaron durante el 2017, varios hallazgos de importancia, todo lo cual expone a la población raizal e insular a un riesgo inminente.

Lo anterior fue evidenciado en visita a dicho centro hospitalario, realizada por la Alcaldía, la veeduría ciudadana y el secretario de salud departamental, quedando reflejados los hallazgos en comunicado a la opinión pública, rendido por el Alcalde Bernardo Bent Williams, al término de la inspección.

Por lo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, decretó como medida cautelar a cargo del Departamento a través del Gobernador, del Municipio de Providencia, a través del Alcalde y de la Unión Temporal Island Health o del actual prestador del servicio de salud, el abastecimiento del Hospital Municipal de Providencia y Santa Catalina, islas, con los insumos, personal médico, medicamentos y equipos técnicos que sean necesarios para la prestación integral del servicio de salud.