Cargando contenido

La orden del Consejo de Estado se da en medio de la pandemia del coronavirus y el primer caso registrado en la isla.

Vista panorámica de San Andrés
Isla de San Andrés
Javier Jules

El Consejo de Estado dio plazo de dos meses a las autoridades penitenciarias y al Ministerio de Justicia para tomar medidas frente al déficit de baños en la cárcel la Nueva Esperanza de la isla de San Andrés.

El alto tribunal advierte que las autoridades departamentales, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deben adelantar la contratación necesaria para la construcción de los baños en los patios 1 y 2 del penal.

Le puede interesarProcuraduría abre investigación por el operativo en la cárcel La Modelo

La orden se da en medio de la pandemia del coronavirus y de que ya se registra un caso de contagio en la isla. Además, después de revisar una tutela en la que se advierte de un brote de varicela en el penal.

El caso pasó por el Tribunal Administrativo de San Andrés que ya había advertido sobre el déficit y encontró que el contrato para el mantenimiento de la infraestructura general en la cárcel se encuentra suspendido desde el 18 de marzo, por falta de personal de obra.

El Consejo de Estado concordó con el tribunal al cuestionar y calificar como “inadmisible” la suspensión de las obras, en el marco del estado de cosas inconstitucional que enfrenta la atención a la población carcelaria.

De interésVeinte nuevos laboratorios, listos para realizar pruebas de coronavirus en Colombia

El fallo obliga a las autoridades penitenciarias y al Ministerio de Justicia conformar una mesa interinstitucional para diseñar e implementar un plan de mejoramiento integral de esa cárcel, con énfasis en la infraestructura sanitaria e hidrosanitaria, de acuerdo con las necesidades de hombres y mujeres que permanecen recluidos en esta institución.

Para ello, el Consejo de Estado dio un plazo de dos meses con el fin de realizar “las gestiones necesarias dirigidas a solucionar la situación de las baterías sanitarias, con el fin de que se garanticen los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la población privada de la libertad en el citado establecimiento”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido