Personas inescrupulosas, pertenecientes a una presunta red de tramitadores, serian las responsables de varios casos de estafas a víctimas del conflicto en el departamento de Bolívar.



Claudia Aristizabal Gil, coordinadora del Grupo Antifraude de la Unidad Nacional para las Víctimas, informó a RCN La Radio que de la mano con la Fiscalía General y la Policía Judicial se están investigando cerca de 200 denuncias en el departamento, que involucran a una serie de individuos que están solicitando cuantiosas sumas de dinero a cambio que realizar supuestos trámites para el acceso a subsidios u otros beneficios que otorga el Gobierno Nacional a través de la Ley de Víctimas.

“Bolívar representa el 5 por ciento de las quejas que hemos tenido, concretamente en los municipios de El Carmen de Bolívar, Cartagena, Magangué y Mompox, que son básicamente por falsas víctimas, es decir personas que se hacen pasar para recibir los beneficios, y también está la otra conducta, la de estas personas que establecen una serie de redes y que en últimas lo que están haciendo es estafando a la población víctima cobrándoles un gran porcentaje de estos beneficios que el Estado les otorga”, expresó.

Señaló la funcionaria que a nivel nacional han recepcionado cerca de 4000 casos, donde 1.500 están formalmente denunciadas ante las autoridades correspondientes y que han dado como resultado la condena de dos personas por falsas víctimas, así como el desmantelamiento de dos redes de tramitadores.

“Ya hemos tenido resultados de capturas en flagrancia, se han desmantelado dos redes en Antioquia y en Sucre que involucraban desde gente del Ministerio Público, funcionarios públicos y tramitadores, personas inescrupulosas, que venían estafando a las víctimas”, indicó.

William Hernando Calderón Vargas, Coordinador de Redepaz en Bolívar, manifestó a RCN La Radio que en el caso puntual de Magangué, donde en lo corrido del 2015 se reportan 7 denuncias de estafas a víctimas, los afectados indicaron que estos tramitadores les cobraron por agilizar supuestos procesos hasta el 40% del valor del beneficio.

“Hay dos casos puntuales que recuerdo en estos momentos. A una víctima que recibió un beneficio de 730.000 pesos y le quitaron 400.000 pesos. A otra persona le llegaron 280.000 pesos y le pidieron la mitad de ese dinero. En promedio le están pidieron entre el 30 y 40 por ciento que les llega por el supuesto favor que le han hecho en el tema del trámite”, señaló.

Aristizabal Gil, quien realizó una jornada de trabajo con funcionarios del departamento en el Carmen de Bolívar, en donde lanzó la campaña “Ojo al fraude, no coma cuento”, sostuvo que los trámites ante la Unidad Nacional para las Víctimas son gratuitos, no requieren intermediarios y que los recursos que se entregan son de destinación específica, por lo que los beneficiarios “no pueden darle un uso diferente”.