Gobierno y Centrales obreras firman acuerdo en negociación colectiva para trabajadores públicos

El gobierno nacional anunció que se firmó de forma oficial la Negociación del Acuerdo Nacional Estatal, con la que se beneficiará a 1 millón 275 mil servidores públicos de todo el país.

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, confirmó que en los acuerdos reinó el consenso con las diferentes organizaciones sindicales a nivel nacional con los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, en temas como el retorno a clases de forma presencial, aumento de salarios, reorganización de las horas laborales y del sistema contractual en el sistema de salud.

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“El Gobierno Nacional desea dar soluciones en beneficio de los trabajadores del país y los temas en donde no hubo acuerdos, buscaremos salidas”, destacó.

En este proceso de dialogo que desarrolló a lo largo de varios días, permitió que el pliegos de solicitudes de las 20 organizaciones sindicales: CUT, CGT, CTC, UTC, CTU Usctrab, CNT, CSPC, Fecode, Fecotraservipúblicos, Fenaltrase, Únete, Fenascol, Fenaltraesp, Propaís, Fedeusctrab Nacional, Fedeusctrab Estatal y Fedeusctrab Ambiental, Fedeasonal, Fecospec y Utradec, pudieran ser analizadas.

“El pliego se compuso de 1276 solicitudes, las cuales fueron estudiadas por la mesa central y los grupos sectoriales de Educación, género, ambiente, relaciones exteriores, gobierno, defensa, trasporte y justicia”, aseguró.

Dentro de los acuerdos logrados se destacan el incremento salarial a servidores públicos, que beneficia a 1 millón 275 mil servidores públicos y el aumento salarial para la vigencia de 2021 es la inflación total causada en 2020, certificada por el DANE en 1.61 %, más 1 punto porcentual y que representa un incremento total de 2.61 %.

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“Para el año 2022 se acuerda un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en el año 2021, certificado por el DANE a 31 de diciembre, más 1.64 puntos porcentuales, el cual regirá a partir del 1 de enero del 2022”, sostuvo.

También se definió crear una comisión para estudiar reducción de jornada laboral de servidores públicos: Conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.

Además se definieron unas mesas Técnicas para el pago de obligaciones de las Empresas Sociales del Estado e implementación de nuevo régimen de carrera administrativa: A partir de la caracterización de las deudas y de los mecanismos de reconocimiento y pago de las obligaciones.

Se confirmó que el Gobierno Nacional con la participación de las organizaciones sindicales firmantes, propondrá un nuevo régimen especial de carrera administrativa para las Empresas Sociales del Estado y presentará e impulsará un proyecto de ley que brinde facultades transitorias al ejecutivo para tal efecto.

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Se estableció un nuevo régimen especial de carrera administrativa incluirá los empleos que desarrollen actividades permanentes con excepción de las especialidades médicas y creará empleos utilizando como soporte financiero los recursos que financian la contratación existente, esto es a costo cero.

El Ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera apuntó que también se acordaron unas directrices para implementación de jornadas flexibles a servidores públicos: El Gobierno Nacional expedirá una directriz para las entidades del orden nacional, territorial y órganos de control para implementar jornadas flexibles, dentro del marco legal establecido en la ley para la jornada laboral, con el fin de generar conciliación entre la vida laboral y personal para garantizar la salud mental y física de los empleados públicos.

En materia de Educación se definió el servicio de educación inicial, preescolar, básica y media que se prestará de manera presencial a partir del inicio de las actividades académicas del segundo semestre de 2021.

El Ministerio de Educación tiene previsto convocar de manera permanente a las Secretarías de Educación para efectuar seguimiento a la impementación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas para mitigar el riesgo de contagio por la covid-19.

“Las entidades territoriales certificadas en educación tendrán a cargo la vigilancia y cumplimiento del protocolo de bioseguridad, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales”, dijo la ministra de educación, María Victoria Angulo.

Dijo que se creará además el Estatuto Docente, también se tendrán estrategias que permitan la prevención de la violencia a la mujer en el lugar de trabajo y la confirmación de una Política pública de protección a líderes sindicales entre otros acuerdos que quedarán plasmados en diferentes decretos que alista el gobierno nacional.