En un comunicado enviado a la Corte Suprema de Justicia, el Centro Democrático solicitó de manera formal que sean puestos en libertad los exministros del gobierno anterior que fueron condenados por ese alto tribunal. La petición se da luego del fallo de la Corte Constitucional en el que ordena a la Corte Suprema implementar la doble instancia para el juzgamiento de los funcionarios aforados. En la comunicación, la colectividad afirma que en la segunda instancia los exfuncionarios condenados podrán “probar la persecución política en sus condenas y la manera en que su derecho al debido proceso y a la defensa fueron ilegalmente violentados”. Según el Centro Democrático, tras la decisión del tribunal constitucional, el derecho de los aforados a impugnar el fallo condenatorio se vuelve inmediato mientras el Congreso legisla y se regula la aplicación de la doble instancia. Advierten además que si hacen caso omiso a esta petición, se ratificaría la persecución en su contra y tarde o temprano el país se enfrentaría a condenas de organismos internacionales. Este es el comunicado del uribismo: El Centro Democrático solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordene la libertad inmediata y levante las órdenes de captura de los ex funcionarios aforados que fueron condenados por dicha corporación y que, en virtud del Edicto No. 049 y Sentencia C792 de 2014 de la Corte Constitucional de Colombia, hayan impugnado el fallo condenatorio. Es en esa segunda instancia en donde los ex funcionarios del gobierno del Presidente Uribe podrán probar la persecución política en sus condenas y la manera en que su derecho al debido proceso y a la defensa fueron ilegalmente violentados. Mientras el Congreso de la República legisla y regula la forma en que la segunda instancia se va a instrumentalizar, el derecho de los aforados a impugnar el fallo es inmediato y, como la impugnación de los fallos conlleva a que la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, la libertad de la persona y/o suspensión de orden de captura debe otorgarse sin dilación alguna, como quiera que lo que está en juego es la libertad y la vida de estas personas. De no hacerlo, se ratificaría el trato discriminatorio y la cruel persecución política de la cual han sido víctimas estos aforados y ex funcionarios del gobierno del Presidente Uribe. De no hacerlo, más pronto que tarde nuestro país se expondrá a sendas condenas de los tribunales internacionales.