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CIDH condenó a Colombia por operación "Génesis"

El estado Colombiano deberá responder, tras la sentencia proferida por la Corte Interamericana, por los hechos ocurridos por la operación militar “Génesis” realizada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 y que perjudicó a comunidades afro descendientes de Chocó.

Por unanimidad, la Corte declaró que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las Comunidades del Cacarica, en Riosucio, departamento del Chocó, desplazados por acción de grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas.

Del mismo modo, la Corte declaró que los actos "crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos".

Para el defensor de víctimas y representante a la Cámara Iván Cepeda, la nueva condena hace evidente el apoyo que recibieron estructuras paramilitares de parte de sectores del estado.

"Esta es una nueva decisión de la Corte Interamericana que se suma a otras donde se ha demostrado que durante un lapso considerable, en departamentos como Antioquia y en zonas como Urabá, el Ejército y algunas de sus unidades respaldaron y acompañaron a grupos paramilitares en acciones criminales. Esta nueva condena se une a otras donde la Corte Interamericana ha venido construyendo jurisprudencia donde es evidente la responsabilidad del Estado en la conformación, funcionamiento, mantenimiento de las estructuras paramilitares", señaló Cepeda.

Por su parte Camilo Villa, secretario técnico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, consideró que es una tradición la condena por connivencia de actores del estado con grupos paramilitares y que lo que queda es adelantar las reformas del caso para evitar nuevas condenas.

"Hay un grupo de sentencias muy parecidas en los últimos 15 años cuando condenan al Estado por muertes, desapariciones en donde hay acción de paramilitares en connivencia con agentes del estado, habría que preguntarse cuantas acciones más de este tipo habrá y reformas hay que hacer para que no se vuelvan a presentar este tipo de sanciones y de identificación de la responsabilidad del Estado en graves crímenes", puntualizó.

Como medidas de reparación, la Corte obliga al estado colombiano a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, así como continuar eficazmente y con diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso, entre otras acciones.