CIDH otorgó medidas cautelares al periodista Ricardo Calderón
El comunicador denunció una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en el Ejército
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del periodista Ricardo Calderón, ante las constantes amenazas de muerte que viene recibiendo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron a la CIDH otorgar medidas cautelares para garantizar la protección a la integridad del comunicador y de los periodistas víctimas de perfilamientos del Ejército Nacional.
El comunicador publicó durante los últimos dos años en la Revista Semana una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y violaciones a Derechos Humanos por parte del Ejército Nacional, entre las que se destaca el articulo conocido como “Las Carpetas Secretas”, en la cual se revelaban perfilamientos que se les hicieron a varios periodistas por parte de la inteligencia militar.
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La CIDH pidió a las autoridades colombianas informar sobre los avances en la investigación de los hechos que originaron la solicitud de la medida cautelar.
La Comisión valoró el riesgo en el que se encuentra el periodista Calderón y consideró que este hecho se constituye una práctica intrusiva e ilegal, que cuenta con varios antecedentes graves en el país.
“Estamos llamando la atención al Estado Colombiano sobre el aumento de amenazas hacia periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que investigan y denuncian temas de alta sensibilidad”, destacó la CIDH.
Consideró el organismo que el Estado no aportó información sobre el desarrollo de las investigaciones de dichas amenazas y advirtió que en este caso existe una situación de vulnerabilidad especial, teniendo en cuenta que la mayor agresión provino de agentes del Estado.
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Por su parte, la FLIP señaló que continúa realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las amenazas contra el comunicador y otros periodistas.
“Han pasado diez meses sin que a los periodistas víctimas se les conceda su derecho de conocer la verdad y obtener justicia frente a los perfilamientos y la vigilancia realizada por el Ejército colombiano”, concluyó.
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