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Foto: Colprensa


Los operadores celulares Comcel S.A. (Claro), y Telefónica Movistar S.A., iniciaron el estudio y análisis de la sanción del Tribunal de Arbitramento de la Nación que los obliga a pagar más de 4.8 billones de pesos por el incumplimiento de condiciones contractuales para la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia.


Por medio de comunicados, las empresas dijeron no estar de acuerdo con el fallo e iniciaron un proceso de estudio de la medida para tomar las acciones legales necesarias.


Movistar S.A., deberá pagar una muta de 1 billón 652 mil millones de pesos por el incumplimiento y en su declaración dijeron:


“Respecto a la decisión tomada hoy por el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) contra los operadores de telefonía móvil celular, Telefónica Colombia manifiesta que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para la defensa de sus intereses, la de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”




[imagewp:233075] Foto: Colprensa - archivo

Por su parte, Comcel S.A., está obligado a pagar 3 billones 155 mil millones de pesos como sanción y en su comunicado rechazaron un cambio de marco jurídico existente.


"Con respecto a la decisión emitida el día de hoy por el Tribunal de Arbitramento convocado por el MinTic para evaluar la reversión de activos de telecomunicaciones a la Nación, Claro se permite informar que estudiará el alcance del laudo proferido para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas."


"De acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país. Por esta razón rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos."



El fallo


A través de una ley expedida por el entonces Ministerio de Comunicaciones, en 1994, se aplicaba a los operadores de comunicación móvil una cláusula de servicio en la cual los operadores estaban obligados a devolver las redes suministradas e instaladas por el Gobierno para dicha telefonía.


En el año 2004, el Gobierno extendió la vigencia de la ley hasta el año 2013 cuando entró en operación la red digital.


La demanda contra los dos grandes operadores se da en razón a que incumplieron la cláusula de reversión con el Gobierno; es decir, continuaron operando las redes de propiedad del Estado.


Razón por la cual, el laudo arbitral ordenó a los dos operadores, Comcel y Movistar, el pago de 4,8 billones de pesos al Ministerio de la Tecnologías y la Comunicaciones (TIC), además de cumplir con la reversión pactada.


Tras el fallo, la Defensa Jurídica del Estado consideró la sanción contra los gigantes de las comunicaciones, como una de las más grandes en favor de la Nación.