El Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que no son ciertas las denuncias de la senadora Claudia López sobre supuestas irregularidades en los contratos que se hacen en la organización electoral. La senadora de Alianza Verde había denunciado horas antes en RCN Radio un posible conflicto de intereses entre el presidente Juan Manuel Santos y la empresa Thomas Greg & Sons, de la que el mandatario fue miembro de la junta directiva, ya que se ha ganado 4 de los 6 grandes contratos con la Registraduría para la logística electoral del país. Al respecto, el magistrado del CNE, Felipe García, sostuvo que "por supuesto que no existe y en el caso del Consejo Nacional Electoral no lo puede haber porque no contrata y en el caso de la Registraduría tampoco puede existir porque este nuevo registrador no ha hecho ninguna de las contrataciones a las que hace referencia la senadora". Según López, "a esta empresa le han entregado a dedo estos contratos por 670 mil millones, lo que representa el 80 % de la contratación en estos temas electorales. Y esto ha trancado algunos procesos importantes para la democracia del país, como la implementación del voto electrónico". La senadora aseguró que a medida que el mandatario ha ido subiendo en su carrera política, esta empresa ha ganado jugosos contratos, lo que evidencia una correlación entre la política y la contratación de estas empresas que "en muchos casos ha sido amañada". Sin embargo, el magistrado afirmó que hubo imprecisiones de la congresista al hablar de las relaciones de la empresa que supuestamente se beneficia de la contratación. "Mezcla a los hermanos Bautista de Thomas Greg & Sons con el exministro y exembajador, José Fernando Bautista, como que fueran parte de la misma familia y de las mismas compañías cuando los unos y los otros no tienen nada que ver. Esto demuestra que las fuentes que tuvo la senadora no fueron las más afortunadas", explicó. Finalmente, la senadora anunció que pondrá esta denuncia en manos de los organismos de control y de justicia como la Procuraduría y la Fiscalía, para que se investigue si además de un posible conflicto de intereses, se configuraron otros delitos.