El ministerio de Educación presentó el Decreto 1421 con el que establece que todos los estudiantes en condición de discapacidad deben acceder a ofertas educativas cercanas a su lugar de vivienda, así como el apoyo suficiente para su proceso de aprendizaje.


El Gobierno señala que en cinco años las Secretarías de Educación e Instituciones educativas públicas y privadas ya deberán cumplir con este plan de inclusión.


Se implementará además un modelo educativo en entornos hospitalarios o en el hogar, dependiendo de las condiciones del estudiante.


De acuerdo con la ministra de Educación, Yaneth Giha, con esta norma se busca eliminar gradualmente las barreras existentes con el fin de que las personas en condición de discapacidad ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás estudiantes.


“Este Decreto nos marca un camino de transformación en el sistema educativo para transitar hacia un modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes”, dijo Giha.


El Decreto, explicó la ministra de Educación, contempla cinco aspectos clave para mejorar el servicio de educación a las personas en esta condición y sitúa a Colombia en la línea de los países que más acciones ha desarrollado para atender a estas personas, como condiciones para el acceso sin barreras, la permanencia y procesos educativos de calidad para la continuidad educativa, una oferta educativa pertinente y un plan progresivo de implementación.


“Una de las apuestas más importantes es que los estudiantes con discapacidad puedan formarse en el mismo salón de clases que el resto de sus compañeros", manifestó la ministra.


Explicó que "se crearán los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), es decir, un plan para cada estudiante que contiene todos los apoyos que necesita para aprender en condiciones de equidad”.


Este nuevo enfoque, subrayó la ministra, se basará en la capacidad de los profesores para garantizar que todos los estudiantes aprendan y, en algunos casos, en docentes de apoyo, que asesorarán y acompañarán a los maestros en el aula durante el proceso de construcción e implementación de los planes individuales.


Se señala además que la oferta para la población con discapacidad auditiva debe ser bilingüe y bicultural, específicamente en la Lengua de Señas Colombiana-Español como segunda lengua, para lo cual los establecimientos educativos regulares deberán contar, entre otros aspectos, con aulas paralelas, docentes bilingües y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos.


En el proceso de ajuste del Sector al Decreto, se contemplará un modelo educativo flexible en centros hospitalarios y hogares para los estudiantes que por sus condiciones de salud y ubicación geográfica así lo requieran.

“El principal desafío que tenemos, entre todos, es que el sistema educativo se adapte al estudiante con discapacidad y no el estudiante al sistema. Es un Decreto muy importante, pues adicionalmente abre las puertas a una educación en la que todos los estudiantes crecen en un entorno de respeto y valoran la diversidad", sostuvo la ministra.

Sector académico advierte que hay vacíos en la norma de inclusión laboral

Por su parte, Carlos Ramos, vocero de la Asociación de Establecimientos Educativos señaló que el Gobierno debe dar claridad sobre el alcance que tendrá el decreto de inclusión educativa para población en condición de discapacidad.

"No entendemos cuáles son las decisiones del gobierno cuando por un lado nos exigen cumplimiento para la inclusión y la entrada de estudiantes que requieren procesos especiales, pero por otro lado no le permiten al sector privado desarrollar ese tipo de proyectos, porque la idea es que solamente el padre de familia pague su pensión pero no tenga acceso a otros servicios adicionales como los que están involucrados en el decreto" dijo.

Señaló que existe un vacío frente a las modificaciones o afectaciones que tendrán los establecimientos educativos con esta normatividad, "tuvimos reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación y tratamos el tema de aquellos otros cobros a los que los colegios privados accedemos para atender estos programas especiales, hay lineamiento por parte de la administración distrital para que pierdan su vigencia y los colegios privados tenemos derecho únicamente a hacer el cobro de pensión".

"Necesitamos saber hasta dónde los programas de inclusión van a afectar a los colegios, en la reducción de la prestación del servicio porque para poder atender esta población especial tendremos que equilibrar no solamente nuestras finanzas sino la estructura interna de los colegios" dijo.