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Foto: AFP



Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en el mundo, en el que ubica a Colombia dentro de las 10 naciones más violentas del mundo y lanza duras advertencias en materia de justicia, frente al proceso de paz con las Farc.

Según esta organización, la violencia vivida en la región es "desproporcional", porque a pesar de que se da un "momento histórico" de democracia, es "preocupante" que Latinoamérica y el Caribe alberguen a 8 de los 10 países más violentos del mundo, de los cuales en cuatro de estos -Brasil, Colombia, México y Venezuela- se cometen uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial.

América enfrenta una "crisis de derechos humanos" cubierta por una "invisibilidad mediática y aparatos de publicidad" de los propios países, alertó hoy la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016.

La "respuesta ineficiente de los propios Estados para proteger a la población" es invisibilizada por las propias instituciones, que en su ánimo de fomentar la atracción de inversiones extranjeras, ocultan las problemáticas del país.

Un "claro" ejemplo de ello, comenta Guevara, es México, donde "los números ya han sobrepasado la proporción de alarma", con 27.000 desaparecidos, 200.000 personas que han perdido la vida en la guerra contra el crimen organizado y otros miles de desplazamientos forzosos para huir de la violencia.

Este país cuenta "con un aparato de publicidad que tiene el propio Estado para invisibilizar esta crisis, no solo negando la proporción, sino también respondiendo de manera muy negativa a las críticas" que mecanismos de Naciones Unidas o asociaciones civiles hacen a modo de alerta.

La asociación también percibe un aumento en los abusos de derechos humanos cometidos no solo por el crimen organizado, que aprovecha los vacíos de poder que las autoridades no cubren, sino también por parte de las multinacionales.

"Somos la región que tiene un mayor número de conflictos socioambientales, que particularmente están afectando a poblaciones indígenas y otras minorías étnicas", ya que "las multinacionales se están apropiando de sus territorios y sus recursos naturales", sostiene Guevara.

Además, en 2015 aumentó la violencia contra aquellas personas que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales, mientras "la respuesta del Estado ha sido de encubrimiento" a las multinacionales, "que en ocasiones utilizan grupos paramilitares o que están ajenos al Estado de derecho para perpetuar estos abusos".

Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Jamaica y Chile fueron algunos de los países en los que se registró un "uso excesivo" de la fuerza por parte de la policía y otras corporaciones de seguridad.

El reporte refleja, entre otros casos, el conflicto por el cual cerca de 2.000 colombianos que vivían en Venezuela fueron expulsados del país, muchos de ellos refugiados "porque habían escapado de la violencia".

Tras las elecciones legislativas en las que se dio la victoria de la oposición, la directora regional dice que desde Amnistía están "alarmados" por la "parálisis institucional" de Venezuela.

Una nueva Asamblea "puede marcar un rumbo distinto" en cuanto a la protección de los derechos humanos, pero "lamentablemente" no se ha reflejado aún en los ciudadanos, que sufren "desabastecimiento de productos básicos", recordó.

En tanto, los avances en el proceso de paz de Colombia se han visto como un "paso positivo", aunque es fundamental que las víctimas tengan "una voz en la implementación del proceso" y sean el eje central, no solo en el acuerdo al que se llegue, sino también "en las políticas públicas que se generen para garantizar esa paz".

Amnistía toca, entre otros puntos, el desalojo de personas en Brasil, "sin notificación o indemnización económica", por la construcción de infraestructuras para los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año, así como la crisis de migrantes, especialmente de menores no acompañados, que cruzan Centroamérica y México rumbo a Estados Unidos.

Asimismo, el informe destaca que siguen siendo alarmantes los altos niveles de impunidad, porque únicamente 20 de cada 100 homicidios en América Latina acaban con una condena.

A pesar de esto, se han visto avances en países como Guatemala, donde se produjeron "movilizaciones masivas de personas en las calles demandando la rendición de cuentas y al Estado un paro total en el tema de corrupción e impunidad", que llevó a la salida del presidente Otto Pérez Molina.

También "vimos ciertos avances en Chile, con el tema de la impunidad de crímenes cometidos durante la dictadura, igualmente en Argentina", destaca Guevara.

Acuerdo de justicia con las FARC, criticado por Amnistía Internacional

El proceso de paz, el conflicto armado interno, Falsos Positivos, grupos guerrilleros y paramilitares, la impunidad, el proceso de Restitución de Tierras, los Defensores de Derechos humanos, la violencia contra las mujeres y las niñas y la ayuda de los Estados Unidos, son los temas cruciales de Colombia en el último informe 2015/16 de Amnistía Internacional, sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.

El acuerdo de justicia entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC, nudo gordiano de las negociaciones para acabar con medio siglo de conflicto armado, es blanco de críticas por la ONG Amnistía Internacional (AI) en su informe anual divulgado este miércoles.

"Al proponer sanciones que no parecían ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podría estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes", señaló la organización en su reporte de derechos humanos correspondiente a 2015.

El acuerdo, anunciado el 23 de septiembre y publicado el 15 de diciembre, prevé penas de entre cinco y ocho años para los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y libertad para el resto de actores, si admiten su culpa, aportan a la verdad y reparan a sus víctimas.

En su informe, la ONG con sede en Londres cuestionó también la justicia ordinaria colombiana por su alto grado de "impunidad".

"El Estado seguía sin poner a disposición judicial a la inmensa mayoría de las personas sospechosas de tener responsabilidad en crímenes de derecho internacional", apuntó.

Entre los casos con mayor impunidad, AI reprochó a Colombia su ineficacia en un proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para desmovilizar 30.000 paramilitares entre 2003 y 2006.

"Sólo 122 de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente abandonaron las armas en el proceso de desmovilización habían sido condenados por crímenes relacionados con los derechos humanos al finalizar el año", destacó.

A consecuencia de la liberación de 120 paramilitares tras cumplir penas máximas de ocho años acordadas en el proceso conocido como Justicia y Paz, AI afirmó que en 2015 "persistía la preocupación por el riesgo que los paramilitares constituían para la seguridad de las comunidades a las que regresaban tras su liberación".

Indígenas, afrodescendientes, campesinos y defensores de los derechos humanos son los colectivos más afectados por la violencia, según AI, aunque reconoció una disminución de las hostilidades derivada de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

"El conflicto armado continuaba afectando enormemente a los derechos humanos de la población civil, especialmente de las personas que vivían en zonas rurales", dijo.

La conflagración interna en Colombia, que desde 1964 enfrenta a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, acumulaba al 1 de diciembre 7,8 millones de víctimas: 6,6 millones de desplazados, 45.000 desaparecidos y 263.000 muertos, la "inmensa mayoría" civiles, según datos de la estatal Unidad de Víctimas citados por AI.

"Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional", agregó el texto, que destacó la persistencia de "homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual".

Las FARC y el gobierno se comprometieron a firmar la paz para el 23 de marzo de este año. Sin embargo, en Colombia operan otros grupos armados irregulares, como el ELN, guevarista y bandas criminales surgidas tras la desmovilización de paramilitares.


Por AFP y EFE.