La comisión de monitoreo, conformada por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, advirtió rezagos en en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, a seis años de haber sido promulgados

Señaló que si bien es cierto que el gobierno incrementó el monto de recursos destinados a asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General (a partir de 2012), el rezago es evidente.

Pues explica que a la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada.

Según la comisión, lo anterior corre por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.

Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los Departamentos y Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).

Respecto a la implementación del acuerdo de paz, señala que no parece claro el panorama financiero de la política de asistencia, atención y reparación a la víctimas, por un lado, “el Gobierno estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011”.