Con delegatura especial buscan meter en cintura las curadurías urbanas

El Ministerio de Vivienda expidió recientemente una resolución con el fin de que se crear la Delegatura para Curadores Urbanos, organismo que está a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro.

La idea, indicaron fuentes del Ministerio, es meter en cintura a las curadurías urbanas, tras episodios como el del edifico Space en Medellín y más recientemente la alerta emitida por el caso de 16 edificaciones que tendrían algún tipo de problema estructural, en Cartagena.

Como parte de esta resolución, se le exige a las curadurías un aporte del 5% de sus ingresos con el fin de financiar la nueva delegatura.

Así mismo, la SuperNotariado deberá entregar un informe con el recaudo que se haga por parte de las 44 curadurías urbanas.

Llamado

Un fuerte llamado de atención hizo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, a los alcaldes del país para que, junto con sus oficinas de planeación y los curadores urbanos, se comprometan a la revisión y supervisión de las construcciones en cada ciudad, evitando la ilegalidad en las mismas y protegiendo a los compradores.

Las declaraciones se dieron desde Cartagena, después de la reunión que sostuvo el ministro Sánchez con el alcalde (e) de la ciudad, Sergio Londoño Zurek, en donde también explicó que el proyecto del último decreto de la Ley de Vivienda Segura ya se encuentra en la página web de la entidad, reglamentación que establece las condiciones que deben cumplir los mecanismos que permitan amparar a los compradores de vivienda en el país.

Lo anterior es fundamental en caso de que se presenten amenazas de ruina por defectos en la construcción, en el suelo, o en los materiales, con lo cual los propietarios podrán ser indemnizados.

“Los vendedores de viviendas nuevas ubicadas en proyectos de más de dos mil metros cuadrados que tengan cinco o más unidades habitacionales, deberán ofrecer mecanismos de amparo ante eventuales perjuicios patrimoniales. El amparo deberá contar con una vigencia de 10 años a partir de la fecha de expedición de la certificación técnica de ocupación, y además será requisito para vender la casa por primera vez”, explicó el Ministro de Vivienda.

De acuerdo al proyecto del Decreto, los enajenadores de vivienda podrán utilizar diversos mecanismos de amparo como: contratar pólizas de seguro, extender garantías bancarias, respaldar las construcciones con sus patrimonios a través de la constitución de fiducias en garantía, y adquirir otros productos financieros que cumplan con las reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional.

Dichos mecanismos deberán cumplir con condiciones mínimas de permanencia y liquidez, garantizando el pago dentro de los seis meses siguientes a la reclamación del propietario, y al menos cubriendo el valor comercial indexado al cual fue comprado el inmueble.

“Con este decreto estamos terminando de garantizarle a los compradores de vivienda en Colombia, que si invierten su patrimonio en proyectos legales tendrán todas las garantías necesarias para saber que están comprando viviendas de calidad, con todos los requisitos técnicos, con la seguridad necesaria y los mejores materiales, pero si por alguna razón todo eso llegara a fallar, su dinero no se habrá perdido”, agregó el jefe de la cartera.