Concepto desfavorable al cumplimiento de medidas de prevención ambiental en Cerro Matoso

Luego de una auditoría realizada por la Contraloría en la que se evaluó el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, sobre los derechos a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero de la empresa Cerro Matoso S.A., el organismo de control emitió un concepto de incumplimiento material adverso y formuló 17 hallazgos administrativos.

Según el organismo, 15 de ellos son con posible connotación disciplinaria y uno de carácter penal, que fueron traslados a las instancias correspondientes.

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La auditoría de la Contraloría detectó debilidades en el cumplimiento las normativas aplicables en materia del derecho de consulta previa y el consentimiento libre, e informado de las comunidades étnicas, tanto para el desarrollo de la actividad minera, como para el trámite de permisos ambientales.

Se descubrieron debilidades en el “cumplimiento de regular de manera específica, clara y suficiente los valores límite de concentración para el agua y el aire respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, así como la definición de los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas”.

Frente a la evaluación realizada, el control fiscal interno obtuvo una calificación ineficiente,  ya que según el ente de control no se cuenta con los controles adecuados para el cumplimiento de los criterios auditados y que dan lugar a las situaciones detectadas en la auditoría.

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Igualmente, el ente de control realizó una solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio, por la no entrega de información de parte del Municipio de Puerto Libertador (Córdoba), el cual se encuentra en etapa de Averiguación Preliminar.

Finalmente, “la auditoria evaluó la identificación, cuantificación e internalización de los costos ambientales asociados al cumplimiento de la sentencia, para lo cual empleó el “Procedimiento especializado de auditoría a la aplicación del principio de valoración de costos ambientales”, un importante y novedoso instrumento de control fiscal ambiental cuya implementación en la CGR ha sido liderada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente”.