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Condenan a penas de entre 37 y 52 años de cárcel a 21 militares por ‘falsos positivos’ de Soacha

El Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá condenó a penas de entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares por el crimen de cinco jóvenes de Soacha bajo la modalidad conocida como 'falsos positivos', en hechos ocurridos en 2008.

Familaires de uno de los jóvenes víctimas de 'falsos positivos' / Foto RCN Radio



El Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá condenó a penas de entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares por el crimen de cinco jóvenes de Soacha bajo la modalidad conocida como 'falsos positivos', en hechos ocurridos en 2008.

Dentro de los uniformados, fue condenado a 46 años de prisión y multa de 1.100 salarios mínimos legales mensuales el teniente retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander, señalado como el de más alto rango vinculado a este caso.

De igual forma en su sentencia el juzgado declaró que el asesinato de estos cinco jóvenes de Soacha se constituye en un crimen de lesa humanidad.

La juez insistió que "no existía límite de tiempo para declarar este caso como de lesa humanidad". (Lea aquí: Juez declara como crimen de lesa humanidad casos de ‘falsos positivos’ de Soacha)

De acuerdo con el Juzgado, la Fiscalía logró probar que las víctimas, oriundas de Soacha, fueron reclutadas mediante engaños y conducidas al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, en agosto de 2008.

También fueron sentenciados el mayor retirado Henry Mauricio Blanco Barbosa y otros 19 militares.

Los uniformados fueron hallados culpables de los homicidios de los jóvenes Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.

Agregó que está condena no impide que a futuro estos 21 militares se puedan postular a la Jurisdicción Especial para La Paz, pero dejó en claro que serán los magistrados de esta Justicia Transicional quienes decidan si estos uniformados pueden o no acceder a esos beneficios legales.