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En carta enviada al Secretario de Estado, 79 demócratas critican que EE.UU. revocara visas a magistrados colombianos.

Acuerdo de paz
AFP

Los representantes a la Cámara de Estados Unidos James McGovern, John Lewis y Jan Schakowsky hicieron llegar al Secretario de Estado, Mike Pompeo, una carta que expresan la posición de 79 demócratas de la cámara baja respecto a la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

En la misiva dicen tener una gran preocupación frente a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, firmando en 2016, y ante los asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.

“Le recomendamos encarecidamente insistir que el gobierno colombiano debe implementar de forma íntegra el histórico acuerdo de paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP)", señala la misiva.

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También exhorta a "proteger a las personas defensoras de derechos humanos, quienes continúan estando en gran peligro. Las iniciativas del gobierno colombiano para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo deben ser opuestos de forma enfática”.

Después de citar el número de víctimas mortales, de desplazados internos y de desaparecidos que resultó de casi 60 años de conflicto armado en Colombia, los demócratas destacaron que, tras la firma del Acuerdo, se hayan desmovilizado más de 13.000 excombatientes de las Farc, que la tasa de homicidios en el 2017 haya caído a su nivel más bajo y que muchos territorios rurales tuvieran sus primeras experiencias de seguridad.

No obstante, hoy critican que esas cifras estén aumentado y que “la implementación del acuerdo está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones por parte de la administración de Duque de reducir la financiación y re-escribir elementos del acuerdo con respecto a la justicia transicional y la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento”.

La carta continúa diciendo que “el gobierno ha sido lento en expandir la presencia civil del estado a áreas afectadas por el conflicto. Los programas para reintegrar ex-combatientes a la vida económica están avanzando, pero de forma muy lenta”.

Pero los demócratas también piden a Mike Pompeo que comunique que hay un apoyo “inquebrantable” de parte de Estados Unidos a los tres pilares de la justicia transicional que surgió del Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. 

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“La presión de Estados Unidos para modificar elementos de la JEP, después que la Corte Constitucional colombiana ratificara su ley estatutaria, ha enviado señales desafortunadas con respecto al estado de derecho y amenaza con desentrañar un elemento clave del acuerdo”, indica.

La carta también critica “los informes de que Estados Unidos revocó visas emitidas a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema en lo que aparenta ser una respuesta punitiva a las decisiones en apoyo de la constitucionalidad del acuerdo de paz”.

Los congresistas estadounidenses también se refieren a las muertes de líderes sociales: “La mayoría de estos líderes, incluyendo a muchos indígenas y Afrocolombianos, estaban instando a sus vecinos a erradicar la coca, defendiendo los derechos de las víctimas, y construyendo la paz en sus comunidades.

Agregan que "los acuerdos incluyeron mecanismos diseñados especialmente para proteger a esos/as líderes. La falta de implementación del gobierno de las medidas de protección es un factor clave detrás del aumento de asesinatos, amenazas, y ataques".

La carta finaliza pidiendo que se "presione enérgicamente al gobierno colombiano a implementar las medidas acordadas para proteger a las personas defensoras. Esto incluye convocar y dar los suficientes poderes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desarrollar y avanzar planes para desmantelar grupos armados ilegales y proteger a las personas defensoras de derechos humanos”.

La presión también es para que se garantice que “la Unidad Especial de la Fiscalía General efectivamente se dedique al desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y grupos de crimen organizado”.

Estados Unidos -solicitan los congresistas- debe utilizar”todos los canales diplomáticos posibles para alentar al gobierno colombiano de implementar el capítulo étnico del acuerdo para garantizar la protección y respeto de los derechos de comunidades afrocolombianas e indígenas, con una atención especial a la preservación de los territorios colectivos”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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